El pacto CC-PP recoge un padrón especial para extranjeros
La polémica generada por el alcalde socialista de Vic en Barcelona, al negarse a empadronar a extranjeros irregulares, no es ajena al Gobierno de Canarias. Tal y como recoge el pacto de Gobierno suscrito entre Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), una de las medidas para controlar la población radica precisamente en la necesidad de crear un “registro específico” y el precisar la situación legal de los extranjeros.
Tanto es así que los portavoces de ambos partidos durante la negociación del pacto en julio de 2007, Larry Álvarez y José Miguel Barragán, defendieron la necesidad de controlar los padrones municipales para evitar que las personas indocumentadas “puedan empadronarse en cualquier municipio” y acceder “automáticamente a la garantía de ciertos servicios” sociales.
El citado párrafo dice, textualmente, que se procurará “establecer los criterios y requisitos únicos, conforme a la normativa básica, a utilizar de cara al empadronamiento municipal de los extranjeros en Canarias para la unificación de la disparidad actual, pudiendo crear incluso un padrón o registro específico”.
Concluye diciendo que “se promoverá que la normativa básica precise la situación regular o irregular del extranjero empadronado”, una iniciativa que, cuatro meses después, presentó CC en el Senado con el respaldo del PP. En concreto, fue el diputado Alfredo Belda quien defendió la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España para impedir el registro de personas indocumentadas en los padrones municipales.
Hay que recordar que al respecto se han pronunciado varios dirigentes políticos, especialmente del PP, como la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez, quien ha dicho que “el padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigación ilegal” o Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, quien ha defendido las normas de empadronamiento de Torrejón de Ardoz que limitan los derechos de los extranjeros no comunitarios a inscribirse.
Pacto
Entre los acuerdos suscritos en julio de 2007 entre CC y PP en cuanto al control de la inmigración, destacó la voluntad de controlar el padrón municipal, ya que, como apuntó Álvarez en aquel momento se constituyen en torno a él “ilegalidades con las que hay que luchar en toda regla”. Así, sostuvo que “no puede ser que una persona indocumentada obtenga el padrón en cualquier municipio de Canarias” y que por tanto había que “articular las formas para que eso no sea posible”.
Por su parte, el portavoz de CC, José Miguel Barragán, fue menos tajante en este asunto pero apuntó que se sustenta en la necesidad de un diagnóstico sobre cómo está afectando la población en situación irregular en la prestación de servicios, como por ejemplo en la planificación de nuevas infraestructuras sanitarias o educativas, ya que el movimiento de los inmigrantes indocumentados, dijo, “es muy grande y no nos permite planificar las necesidades reales de los municipios”.
Barragán explicó que el hecho de empadronarse, aunque de forma ilegal, “da garantía automática de prestar determinados servicios” y que la voluntad del Gobierno es aumentar la calidad de la prestación de estos servicios.
