CC y PP aprueban restringir la difusión de prensa gratuita en la capital tinerfeña
Coalición Canaria y Partido Popular aprobaron este viernes, en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la normativa para restringir la distribución de la prensa gratuita en la capital tinerfeña con la oposición de Partido Socialista, Centro Canario y Ciudadanos por Santa Cruz.
Los diez ediles de los tres grupos políticos de la oposición, en una entidad gobernada por 17 concejales de CC y PP, descartaron la presentación de enmiendas a la moción presentada por el teniente de alcalde, el popular Ángel Llanos, al considerar la iniciativa un “atentado contra el derecho fundamental de la libertad de expresión”. Además, la concejal del PSC Gloria Rivero acusó al también edil de Hacienda de mentir al basar la propuesta, anunciada el pasado 5 de noviembre, en informes jurídicos del Ayuntamiento cuando el primer documento elaborado por los servicios jurídicos tiene como fecha el 13 de noviembre.
Ángel Llanos justificó en el pleno la restricción al argumentar en que la prensa gratuita es “una actividad netamente comercial” que genera a la ciudad un coste de 46.000 euros anuales en tratamiento de residuos y que compite directamente con los kioscos, establecimientos que emplean a 345 personas.
“Persecución” al diario 'Metro'
El director en Canarias de Metro, Carlos Sosa, asistió al pleno y consideró, en declaraciones a los periodistas, que la regulación es “una persecución” directa contra el primer diario gratuito del Archipiélago, que se distribuye en Tenerife desde hace un mes y más de un año y medio en Gran Canaria. “Los periódicos de pago van al mismo vertedero y la prensa gratuita también genera puestos de trabajo”, además de fomentar la compra de otros diarios, argumentó Sosa, también director de CANARIAS AHORA.
La normativa, que ahora pasa al periodo de alegaciones antes de su aprobación definitiva, establece que la distribución gratuita de medios de prensa en la capital tinerfeña deberá ser autorizada por el Ayuntamiento en los puntos autorizados (un máximo de treinta) y la licencia es renovada año a año, sin que una concesión genere derechos preferentes. La prensa gratuita no podrá distribuirse a menos de 50 metros de donde exista un punto de venta de periódicos, en aceras con menos de tres metros de ancho ni en lugares que entorpezcan el tránsito en los accesos al metro, paradas de transporte público, salidas de vehículos de emergencia, cines, comercios, centros de enseñanza, estaciones de transporte y, en general, locales de pública concurrencia.
Además, el personal de entrega no podrá desplazarse más lejos de cinco metros desde los lugares autorizados, un máximo de treinta por publicación, y la distribución se realizará entre las 07.00 y las 11.00 horas. No se podrán depositar diarios directamente en la vía pública, las instalaciones serán “móviles o semovientes” y la superficie a ocupar no podrá exceder de 0,5 metros de ancho, 0,5 metros de largo y 1,20 metros de alto.
Zerolo apoya a Llanos
El alcalde, Miguel Zerolo, apoyó la regulación de esta actividad, aunque anunció que se estudiarán las alegaciones que se presenten. En opinión del regidor nacionalista, no se pretende limitar la libertad de expresión, porque la prensa gratuita “no contiene información política”.
Ángel Llanos sostuvo que con esta regulación “se fomenta, impulsa y apoya” la distribución gratuita de prensa, “pero no como les dé la gana a los empresarios” mediante la ocupación libre de la vía pública. El edil del PP afirmó que la misma regulación e incluso más dura se aplica en numerosas ciudades españolas, algunas como Zaragoza y Sevilla gobernadas por el PSOE, y negó las acusaciones de la oposición de que se trate de establecer “una mordaza”.
Llanos señaló que los kioscos de prensa emplean a 345 personas “chicharreras” y “esta nueva actividad compite con ellos”, pone sus puestos de trabajo “en tela de juicio” y ante eso “no se puede mirar para otro lado”. Calculó en 1.825 toneladas anuales de papel lo que generarían 25.000 ejemplares, cuya gestión supondría un coste de 46.000 euros para el Ayuntamiento.
Para Llanos, la distribución gratuita de prensa es “una actividad netamente comercial” que trata de “aprovecharse del dominio público para su uso exclusivo”, por lo que requiere regulación.
“Nunca se había establecido una censura y una mordaza”
Ángel Isidro Guimerá, de Ciudadanos por Santa Cruz, consideró que el gobierno municipal trata de restringir la libertad de expresión en una ciudad “abierta y democrática” y sostuvo que la información a los ciudadanos “no es sólo un negocio”, sino que fomenta la lectura, la información e incluso la compra de periódicos por personas que hasta entonces no los leían.
Gloria Rivero, del PSOE, y Guillermo Guigou, de Ciudadanos por Santa Cruz, sugirieron que si es un problema de dinero por el coste en residuos de 46.000 euros, Llanos podría prescindir de su escolta (24.000 euros al año). Rivero dijo que en Santa Cruz “nunca se había establecido una censura y una mordaza” a los medios de comunicación, porque los ciudadanos están acostumbrados “al debate y a la información”.
Guigou puso de relieve que esta ordenanza está “copiada” de la de Valencia, como demuestra que se prohíba la distribución a las puertas del metro, que no existe en Santa Cruz de Tenerife. “Es antidemocrático, anticonstitucional y un ataque directo contra la libertad de expresión”, dijo.
Ignacio González, del CCN, añadió que la medida además discrimina a un tipo de medios de comunicación frente a otros, permite al Ayuntamiento retirar arbitrariamente licencias sin justificación ni indemnización, lo que es ilegal, y también es “de imposible cumplimiento” y disparatada. “¿Cuántos policías hacen falta para controlar que los distribuidores no se separan cinco metros del punto de venta?”, se preguntó el edil centrista.
AUDIO/ Fragmento de la intervención de Ángel Llanos
