CCOO critica la desidia del concejal de Seguridad
La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) ha criticado la “desidia” con la que el concejal de Policía del equipo de gobierno gestiona “el conflicto que mantiene con los policías locales” del municipio.
En este sentido, inciden en la “falta de respuesta” ante las demandas realizadas en un encuentro entre representantes de los agentes y del equipo de gobierno, según informó CCOO en el Consistorio de Santa Brígida en nota de prensa.
De todos modos, los agentes insisten en que a pesar de “la falta de interés de los responsables políticos”, los agentes mantienen su disposición a trabajar para que “toda esta situación se reconduzca por el bien” de los ciudadanos.
El conflicto, aseguran, se remonta a 2004, cuando la corporación y los sindicatos alcanzan un acuerdo que fue aprobado, entre otros, por “el actual alcalde”, Lucas Bravo de Laguna (PP), aunque posteriormente dicho convenio fue denunciado, dictando el juzgado sentencia por la que se “suprimía una cláusula económica que afectaba exclusivamente” a la policía.
Esta anulación implicaba una reducción en las retribuciones de los policías de 420 euros mensuales. Ante esta situación los agentes “quedaron sorprendidos cuando la Alcaldía les comunicó que el Ayuntamiento no iba a recurrir dicha sentencia, a pesar de que la administración había firmado el pacto de funcionarios”.
Posteriormente, la plantilla de la Policía Local decidió movilizarse ante la “magnitud de tal injusticia” y fue entonces cuando “el alcalde se comprometió a abonar una cantidad fija” a los miembros de la plantilla de la Policía Local de la “única manera que en ese momento podía ser” y que se centraba en “un complemento de productividad que reducía en 70 euros la cantidad acordada en el acuerdo pero que, según la promesa del alcalde iba a consolidarse por la vía de su introducción como complemento específico”.
Los trabajadores aseguran que se reunieron en varias ocasiones con el alcalde para que cumpliera su promesa, ya que el primer edil ponía “todo tipo de excusas legales”, y critican que sin embargo “no fue obstáculo para que lo que se negaba a los policías se les diera a tres funcionarias (la secretaria, la interventora y la tesorera) un complemento de productividad que superaban los 1.000 euros al mes”.
Todo ello, ha conllevado que los acontecimientos se precipitan a partir de julio de este año cuando “se notifica a los agentes de la policía local una reducción del 50 por ciento del complemento de productividad y la indicación de que a partir del mes de agosto dejarían de percibir dicho complemento”.
Para los trabajadores estas decisiones son el resultado de la mala gestión económica por parte del Ayuntamiento, que no ha querido ahorrar en gastos superfluos y que pretende endosar su mala gestión a los trabajadores municipales y sus familias.
