La concertación social, una ''maniobra electoral''
El sindicato STEC-IC ha acusado al Gobierno de Canarias de estar usando el acuerdo en el ámbito de la V Concertación Social para unos servicios públicos sostenibles como una “maniobra preelectoral”, al tiempo que considera “deslegitimado” al Ejecutivo autonómico para negociar en este momento.
A través de una nota de prensa, la central sindical ha incidido en que dado que la Comunidad Autónoma está inmersa en plena campaña electoral, el Gobierno de CC “no está legitimado para llegar a acuerdos que condicionen las políticas a desarrollar en materia de medidas para la sostenibilidad de los servicios públicos por el nuevo gobierno que se conforme tras las elecciones del 22 de mayo”.
Según STEC-IC, “el nuevo acuerdo que ahora se nos propone reproduce de manera mimética casi todos los aspectos del anterior, algunos de los cuales fueron retirados durante el inicio de la negociación por considerarse, a criterio de todas las partes, negativos para los empleados públicos y para el conjunto de la ciudadanía”.
Por ello, el sindicato ha asegurado que no firmará “ningún acuerdo que implique más recortes sociales y laborales en la administración pública en general y en el ámbito educativo en particular, máxime en un momento en que cualquier acuerdo podría no tener ninguna utilidad más allá de la rentabilidad electoral que el gobierno pueda obtener con él”. Muy al contrario, STEC-IC ha asegurado que velará para que ningún acuerdo en el seno de la mencionada Concertación Social suponga una mayor precarización de los servicios públicos y del empleo y denunciará públicamente cualquier trato de favor que pueda producirse en materia de liberaciones o de subvenciones a las organizaciones firmantes, como contrapartida por su apoyo al gobierno durante la campaña electoral.
No obstante, la organización sindical se ha mostrado dispuesto a valorar cualquier propuesta de negociación por parte del gobierno que surja de las urnas el próximo 22 de mayo y siempre con el propósito de mejorar la educación pública en Canarias y las condiciones en que el profesorado debe realizar su labor. “De igual modo contribuiremos a la mejora del resto de los servicios públicos como garantía de equidad y justicia social”, concluye.
