Confidentes, anónimos y testigos protegidos
Entre los métodos que tuvo que utilizar la policía judicial para desenredar el ovillo inabarcable de la trama de Las Teresitas resultó básica la ayuda de confidentes y testigos protegidos así como la llegada de diferentes escritos anónimos. La información obtenida de estas fuentes fue en algunos casos absolutamente certera, en otros sirvió como guía para llegar a conclusiones más o menos aproximadas y en otras no pasó de ser incierta o al menos fue imposible comprobar su veracidad. Fueron varios los testigos protegidos que prestaron su colaboración a la policía tanto en esta parte de la investigación como en otras piezas separadas. Estas personas acudían escoltadas a declarar ante la juezas, Carla Bellini y Lucía Machado o la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez quien tras interrogarlos les advertían muy seriamente sobre la obligación de guardar el más absoluto secreto sobre sus conversaciones. No era necesario. Todos eran conscientes del peligro que podrían acarrear sus confesiones. El pánico llegó al punto que algunos optaron por hacer llegar sus informaciones a través de anónimos. “Si me descubren mi vida corre peligro”, advirtió uno de los firmantes de estos escritos.
Por este último sistema se conoció de la existencia de un piso franco situado en la calle Villalba Hervás donde se intervinieron más de 73.000 documentos sobre las operaciones financieras de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) y su entramado societario. Al principio la policía dudó de estas fuentes confidenciales pero al final resultó fundamental que el informador anónimo pudiese describir perfectamente las oficinas de ILT en la calle de La Rosa, entre otros detalles, lo que hizo que la policía se tomara en serio esta información. En estos anónimos se apuntaba a la importancia que en el caso tenía la figura de Felipe Manuel Armas Jerónimo, empleado de Ignacio González, y encargado de custodiar el piso franco.
De los documentos encontrados se pudo extraer información sobre un supuesto pago en dinero negro por valor de 1,5 millones de euros por parte de González para adquirir un edificio así como pruebas de una posible falsedad en documento mercantil y de una infracción de ley de financiación de partidos con respecto al Centro Canario Nacionalista (CCN), presidido por el hijo del empresario, Ignacio González Santiago. Según la información hallada su familia costeó “una importante campaña publicitaria, sostenida en el tiempo y una importante inversión pagada con su patrimonio económico”, al parecer proveniente de la venta de los terrenos de la playa.
Los testigos consultados coincidieron casi en su totalidad en apuntar el posible cobro de comisiones ilegales por parte de los imputados en la trama en aquellos momentos y los que lo podrían estar en el futuro. En numerosas ocasiones se indicaba que los compradores de la playa habían pagado 2,4 millones de euros al exalcalde, Miguel Zerolo y otro tanto al director de CajaCanarias, Álvaro Arvelo, al presidente de la entidad, Rodolfo Núñez y al abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek. A mucha distancia quedaban el exportavoz popular, José Emilio García Gómez y los exconcejales socialistas, Emilio Fresco y José Luis Martín con 120.000 euros cada uno. Estas mismas fuentes pusieron en evidencia la existencia de personas vinculadas con Zerolo como son los periodistas Jorge Bethencourt y Lucas Fernández, así como su cuñado, Luis Rodríguez, que habrían intervenido también en la operación. Después de una laboriosa investigación que duró cerca de seis años no se llegaron a encontrar pruebas concluyentes y directas del cobro de estos sobornos. En muchos casos se detectó dinero de origen desconocido que coincidía sospechosamente con el apuntado por los informadores, que los imputados pasaban meses sin sacar dinero del banco, fondos que circulaban misteriosamente de una empresa a otra o cheques que no sabía muy bien de dónde salían o a donde iban dirigidos. Los investigadores se enfrentaron a la dificultad añadida de que dado el tiempo transcurrido mucha de la documentación ya había sido destruida por los bancos que además tampoco se mostraron demasiado colaboradores con la policía. Tal vez por ello ni la juez ni la fiscal pudieron avanzar más allá de los simples indicios.
Un testigo protegido apuntó que el director de Canal 7, Francisco Padrón, había cobrado 600.000 euros de la familia de los González por cambiar de opinión sobre la posible urbanización de la playa de Las Teresitas. Nunca aparecieron los publireportajes supuestamente contratados pero si hubo una “coincidencia absoluta” entre las informaciones confidenciales y la documentación que certificaba las cantidades pagadas. En otros casos la policía tuvo que bregar con simples rumores. Como cuando se apuntó que la cúpula insular socialista se había reunido con los empresarios en un restaurante y se les había hecho entrega de 1,8 millones de euros para que dieran su voto a favor de la compra del frente de la playa. Otro testigo aseguró que la familia González había comprado un chalet del periodista Andrés Chaves y una emisora suya en La Orotava con el fin de que se posicionara también a favor de sus intereses. Incluso llegó a afirmar que el propio periodista había dado a conocer estas operaciones a través de la radio. Por lo visto la policía no pudo comprobar los extremos o simplemente no les otorgó demasiada credibilidad.
