El Congreso reclama un dique para San Andrés
El Congreso aprobó este martes por total unanimidad una moción previamente consensuada por el PSOE y Coalición Canaria instando al Gobierno central a cumplir con los compromisos alcanzados el 31 de agosto pasado con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife para la reparación urgente del dique del barrio santacrucero de San Andrés.
Además, en el texto se reclama al Ejecutivo “iniciar un debate con el Gobierno de Canarias sobre el mejor camino para hacer efectivos los traspasos de la gestión del dominio público marítimo- terrestre”.
En la moción se insta también al Gobierno central, además de a la reparación y ampliación de la escollera, a “la adjudicación de la redacción del Proyecto de un dique semisumergido y su posterior financiación según los acuerdos que se alcancen”.
El texto aprobado fue el resultado de una interpelación a la ministra de Medio Ambiente -debatida la semana pasada- y una moción originariamente presentadas por Coalición Canaria, si bien hoy la formación nacionalista tuvo que renunciar su pretensión inicial de que las obras fueran declaradas de interés general para conseguir el acuerdo con el PSOE.
CC también tuvo que desistir de su deseo de que se instara también al Ejecutivo a negociar con el Gobierno de Canarias las competencias de costas y, en concreto, la gestión del dominio público del litoral.
“Propuestas vacías”
Aunque finalmente el PP respaldó la moción, estas circunstancias llevaron a su diputado por Santa Cruz de Tenerife Pablo Matos a considerar que lo aprobado son “propuestas vacías”, además de constituir “una falta de respeto” a los vecinos de San Andrés que su problema “se mezcle con la reivindicación competencial”.
En este sentido Matos dijo que su partido es partidario de que esas competencias se traspasen, pero que “lo que los vecinos del Barrio de San Andrés quieren y esperan de nosotros es que de una vez se les atienda y se les proteja” y “que se redacte de una vez el proyecto de escollera y no se les vuelva a hablar de competencias.
Por su parte, y pese al acuerdo alcanzado, el representante de Coalición Canaria, Fernando Ríos, hizo referencia al 'rifirrafe' que tuvo la semana pasada con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y señaló que la reciente publicación en el BOE de una orden ministerial de lugares marinos de importancia comunitaria de la Region Macaronésica, en el marco de la Red Natura 2000, constituye “una deslealtad institucional” y “un incumplimiento” de los acuerdos CC-PSOE, pues, según dijo, se había acordado su revisión tras la aprobación de la llamada Ley de Aguas Canarias.
Asimismo insistió en que para que Canarias asuma competencias en costas no es necesario reformar el Estatuto de Autonomía y en que dicho criterio había sido asumido por el PSOE en las resoluciones aprobadas tras el último Debate del Estado de la Nación, por lo que la ministra había estado, en su opinión “mal asesorada”.
Soluciones
No obstante la también diputada por Santa Cruz de Tenerife Gloria Rivero, que actuó en nombre del PSOE, reiteró el criterio de la ministra de que es preciso reformar el Estatuto de Autonomía para que Canarias tenga las competencias en costas que reclama.
Asimismo calificó la iniciativa parlamentaria de CC como “oportunista y coyuntural” porque las obras empezaron a ejecutarse desde primeros de septiembre y reprochó a anteriores gobiernos muncipales del PP y CC su “incapacidad” para dar solución a la situación del barrio.
Por su parte, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, consideró que el debate competencial “oscurece” lo fundamental, ya que las obras son “urgentes” al afectar a la seguridad de los vecinos.
