Los constructores claman contra las ''desproporcionadas'' detenciones en Mogán
Operación Góndola
La patronal constructora manifestó “su mas enérgica protesta y malestar ante el daño innecesario y desgaste empresarial que se esta produciendo debido a actuaciones desproporcionadas y a juicios paralelos y gratuitos a los que se está asistiendo”. La operación contra una presunta trama de corrupción urbanística en Mogán provocó esta semana, tras las detenciones de varios cargos públicos, la detención del empresario Santiago Santana Cazorla, en libertad sin fianza y con los cargos de la comisión de delitos contra el territorio y de tráfico de influencias.
Desde la AECP se solicitó “rigor en las actuaciones y respeto a la presunción de inocencia, que se contemplen todas las garantías en evitación de la realización de juicios paralelos en torno a este sector y, particularmente, a la figura de empresarios que, en mayor o menor medida, han contribuido al desarrollo económico de esta tierra”. A juicio de la entidad presidida por Heidy Arocha, “en una sociedad como la nuestra no son de recibo las condenas sociales y mediáticas a las que nos estamos viendo últimamente sometidos, vulnerando con ello principios básicos y derechos de nuestro ordenamiento” como el de “inocencia, el derecho al honor y a no ser difamados”.
La patronal denunció que desde hace meses “sufre la tendencia a asociar las actividades desarrolladas en este sector con actividades ilícitas” y agregó que los empresarios de la construcción están “sometidos a un maltrato gratuito en los medios de comunicación social, que contribuyen al descrédito y al demérito de nuestra actividad y de nuestros empresarios”.
“Incorrecta utilización de las salvaguardas y garantías del sistema actual
La asociación empresarial cuestionó “si para esclarecer la verdad es necesaria la parafernalia y el espectáculo al que nos están sometiendo y acostumbrando”. “Los hechos acontecidos nos llevan a la conclusión de que por encima de la verdad, la realidad nos está demostrando que interesa más el espectáculo en todos los ámbitos”, agrega la nota.
La AECP transmitió “su pesar y disconformidad” con que “empresarios del sector de la construcción y, de cualquier otro, tengan que ser sometidos a un rasero público y mediático para tomarles declaración en hechos o casos que son investigados por la Justicia”. En este sentido, la patronal se preguntó “si no hay maneras en nuestro sistema actual de interrogar a personas, obtener documentación necesaria para una investigación o, sencillamente, contrastar actuaciones o declaraciones de manera eficaz desde un punto de vista jurídico, sin el siempre llamativo y muchas veces innecesario acto de la detención y la espera en calabozos policiales”.
“En el caso, cada vez más habitual, de imputaciones iniciales y absoluciones posteriores, estas espectaculares detenciones y todo lo que conllevan tienen un alto coste empresarial, humano y social, sin que nada se pueda hacer después para restituir el mal ocasionado”, apostillaron desde la organización empresarial. La AECP cuestionó así “la incorrecta utilización de las salvaguardas y garantías del sistema actual, cuando conversaciones telefónicas obtenidas durante el transcurso de una investigación pueden ser transcritas en los medios de comunicación sin mayores garantías para las partes afectadas”.
A ello se suma, “la no menos alarmante divulgación pública de declaraciones realizadas en sede judicial, en procesos en donde está decretado el secreto de sumario”. Para la patronal de la construcción, “esta situación no sólo es, sencillamente, intolerable, sino además se le debe poner fin”.
