Convalidado el decreto que agiliza reponer viviendas habituales destruidas por el volcán de La Palma

El Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles el decreto de medidas urgentes en materia urbanística y económica para reponer las viviendas habituales afectadas por la erupción en La Palma y facilitar el que los damnificados puedan construir “exactamente lo que tenían”.

Así se expresó el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, quien además dijo que se ha reunido con colectivos de afectados y vecinos de la zona y le han transmitido su agradecimiento por la tarea conjunta de las administraciones en este ámbito.

Pero además, continuó el consejero, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Manchas, Jennifer Sánchez, le pidió que transmitiese en el Parlamento “un reproche a sus propios vecinos, que les pusiese la cara colorada” porque algunos se están aprovechando de la situación y están pidiendo hasta 90 euros por metro cuadrado.

Son vecinos con nombre y apellidos y una actitud poco solidaria y totalmente inmoral, afirmó Valbuena, quien aludió a la necesidad de que el dinero que se destina para construir o reconstruir las viviendas “no acabe en manos de aprovechados”.

Este no será el último decreto ley que prepara el Gobierno de Canarias y los vecinos van a ser “co-redactores” de un nuevo modelo territorial para la isla y para la reconstrucción que queda por delante, precisó el consejero.

Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, dijo que el decreto es mejorable, lo que puede ser subsanado en el siguiente, pero lo fundamental es evitar politizar la reconstrucción de la isla, y pidió al Gobierno que escuche las aportaciones de todos los grupos en la comisión parlamentaria correspondiente.

Por la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos precisó que el objetivo es no dispersar a los vecinos que resultaron afectados por la erupción y para ello el Gobierno canario ha trabajado desde el primer momento en colaboración con el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos.

Ramos también aludió a la complejidad de que muchas viviendas estaban construidas en suelo no autorizado o sus propietarios carecen del título que así lo certifique, por lo que el Gobierno deberá dar una respuesta individual para cada caso.

Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, dijo que la especulación “clara y nítida” venía caminando en La Palma antes del volcán y consideró que la reconstrucción es una oportunidad para ir hacia una nueva cultura del territorio en la que además se debe disuadir la construcción en zonas de riesgo volcánico.

Para el diputado de Nueva Canarias Luis Campos justamente lo que los afectados pedían es la máxima celeridad para reconstruir su vivienda lo más cerca posible del lugar que habitaban para evitar el desarraigo, y a la vez esto se debe hacer compatible con una cierta ordenación urbanística.

Lorena Hernández, del grupo Popular, pidió “no embarrar” el debate ni complicar las cosas porque los vecinos de Los Llanos de Aridane, donde ella es concejal de Seguridad, lo que quieren es quedarse allí y necesitaban este decreto “y no otro para mejorarlo”, al tiempo que habló de que también hay personas que están donando terrenos o poniéndoles un precio “módico”.

Por el contrario la nacionalista Nieves Lady Barreto opinó que sí se debe mejorar el decreto para permitir que los afectados construyan en cualquier municipio de La Palma y consideró que limitarlo al valle de Aridane “es lo que abre la puerta a la especulación”.

Para la diputada socialista Matilde Fleitas lo necesario es dar una solución rápida y efectiva a los afectados, señaló que se estudia jurídicamente la posibilidad de que se apliquen sus disposiciones a los 14 municipios de La Palma y opinó que este decreto es una herramienta legislativa sin precedentes porque se ha hecho “ex profeso” para los tres ayuntamientos afectados por la erupción. 

Para la diputada del grupo Mixto Vidina Espino el Gobierno de Canarias quiere “reconstruir La Palma sin los palmeros”, a los que trata “con cierto desdén” porque no consulta ni informa sobre un decreto que, en su opinión, vulnera el derecho a la participación de los afectados, que además reclaman que no se limite el ámbito de construcción al Valle de Aridane sino al resto de la isla.