Crean un Banco de Tierra para recuperar el viñedo
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos La Palma ha puesto en marcha un Banco de Tierra para impulsar la recuperación de las parcelas de viñedos que actualmente están abandonadas. El proyecto “se basa principalmente en poner en contacto a propietarios de terrenos que se encuentran en desuso con personas interesadas en cultivarlos”.
El objetivo, insiste en un comunicado la citada entidad, “se centra” fundamentalmente “en dar a conocer a los posibles interesados las líneas de actuación” de la reseñada iniciativa que, asimismo, persigue la recuperación de uno de los tradicionales paisajes agrarios de la Isla.
En este sentido solicita a las personas que “no pueden cuidar sus viñedos o bien, si desean cultivar otras parcelas o si conoce a alguien interesado en participar en el proyecto, contacte con el Consejo Regulador”.
Señala que “La Palma es una isla que destaca por su paisaje del viñedo”. Ante el estado de abandono en el que se halla “gran parte de la superficie cultivada, es por lo que se plantea la necesidad de crear un banco de tierras”.
Las metas que se han trazado con la descrita experiencia “no son otras que la revalorización del campo palmero, asentar la población en el medio rural y combatir los incendios que en los últimos años se han acercado demasiado peligrosamente a los núcleos poblacionales”.
El proyecto, explica la citada fuente, “consiste en poner en contacto a propietarios que tengan terrenos en estado de abandono o a punto de ser abandonados, con posibles interesados en recuperarlos y cultivarlos”.
Expone que la necesidad de crear el banco de tierras de viñedo surge “ante la desconfianza manifiesta por parte de los propietarios para arrendar sus terrenos por miedo a perder el derecho sobre sus propiedades o el deterioro de las mismas y ante la dificultad con la que se encuentran las personas interesadas para arrendar un terreno”.
Lo que se pretende, insiste, “es poner en producción terrenos agrícolas a través de contratos legales, que garanticen tanto al propietario como al productor el cumplimiento de lo pactado en el contrato”.
Al efecto, precisa, “se creará una base de datos pública, donde, por un lado, cualquier persona podrá registrar de forma voluntaria sus propiedades a fin de que puedan ser arrendadas por un periodo de tiempo no inferior a 5 años”. Por otro, “se creará también una base de datos donde puedan registrarse las personas interesadas en arrendar un terreno de viñedos”.
En este proyecto, detalla, “podrán participar todas aquellas personas físicas o jurídicas, incluidas las administraciones públicas que sean titulares de terrenos que estén abandonados, mantenidos o en producción”.
Los motivos del abandono de los terrenos “son muy diversos” y, detalla, se pueden destacar los siguientes: “propietarios que, a pesar de estar interesados en seguir con el cultivo, tienen avanzada edad y se ven obligados a abandonar, al no existir relevo generacional; terrenos que son de varios propietarios entre los que no existe un proyecto conjunto de explotación del mismo por lo que se abandonan ante la falta de acuerdo; y propietarios que se dedican a otra actividad económica distinta de la agrícola, con mayor rentabilidad que esta”.
Igualmente, “son muchas las causas que generan el interés de determinadas personas por arrendar terrenos de viñedos”. Por una parte, “las necesidades económicas en las que se encuentran muchas personas, motivadas por la crisis, pérdida de ingresos por pérdida de empleos”. De otra, “la necesidad de ampliar sus explotaciones vitícolas al objeto de hacerlas más competitivas”, así como “e deseo creciente de muchas personas de producir para autoconsumo, alimentos más sanos y ecológicos”. Los interesados en arrendar los terrenos deberán “tener conocimientos de viticultura demostrables”.
El Consejo Regulador ofrecerá de manera gratuita “la comprobación del estado inicial de las propiedades”. En concreto, las fincas “inscritas en el programa y en la fase previa a la formalización del contrato deberán ser registradas en una ficha de inspección técnica donde se recogerá ”municipio, paraje, polígono, parcela, superficie, sistema de cultivo, infraestructuras, contador de agua agrícola, análisis de suelos, labores necesarias para su puesta en producción, variedades de uva, recomendaciones, fotografías y si se es socio o no de una cooperativa o SAT“.
Las recomendaciones y labores necesarias para su puesta en producción serán de obligado cumplimiento para el productor. “Esto garantiza al propietario la correcta puesta en producción de la finca especialmente en el caso de propiedades que estén en estado de abandono y, a su vez facilitará al productor las directrices para su recuperación”.
