Dávide acusa al Ayuntamiento de LPGC de 'ningunear' al Diputado del Común
La Asociación Dávide para la defensa del contribuyente ha acusado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de “ningunear” al Diputado del Común en la resolución de una queja formulada por una ciudadana de la capital, a través de su asesor, por el presunto incumplimiento administrativo de una empleada pública del consistorio.
Dávide explica en su página web que el asesor de esta ciudadana se puso en contacto con el Ayuntamiento para defender los intereses de su clienta en un asunto relacionado con la corporación y planteó el preceptivo recurso a la espera de respuesta. La empleada pública, según asegura el asesor, adoptó entonces un comportamiento “inadecuado” y comenzó a “decir improperios” hasta que, como ella misma reconoció, “acabó por cortarle el teléfono”.
La asociación señala que la empleada se negó a resolver el recurso a pesar de que “los actuales responsables del Ayuntamiento la conminaron a responder”.
Al no recibir respuesta al recurso presentado, el asesor decidió acudir a la Asociación Dávide, que elevó un escrito en junio de 2009 al Diputado del Común , quien, a su vez, se puso en contacto con la empleada 45 días después. Tras recibir la respuesta de la trabajadora del Ayuntamiento, el Diputado del Común volvió a dirigirse a ella para pedirle aclaraciones sobre “las muchas inexactitudes y el incumplimiento de la legalidad vigente en materia administrativa”.
El “silencio” de ambas instituciones hizo que la asociación enviara un nuevo escrito al Diputado del Común, que solicitó en mayo de 2011 al Ayuntamiento que fijara hora y fecha para una reunión con la empleada pública. A la asociación no le consta que, a día de hoy, ese encuentro se haya producido. Más de tres años después de presentar la queja, y a pesar de las “cinco actuaciones” que ha solicitado Dávide desde entonces, el conflicto sigue sin resolverse.
Para la asociación, este tipo de comportamientos “oscila entre la falta de respeto al ciudadano y la incompetencia más absoluta”. Dávide cuestiona el papel del Diputado del Común y la “imposibilidad de que actúe con efectividad” por la norma que lo regula y que “no lo dota de mecanismos ejecutivos que le permitan ejercer un efectivo control sobre las administraciones públicas”.
La asociación para la defensa del contribuyente también carga contra el funcionamiento interno de la propia institución: “No es de recibo que se tarde más de tres años en resolver un asunto ni que el contribuyente tenga que impulsar motu proprio insistentemente el expediente para que camine”.
''Lamentablemente, parece ser que van a ser ciertas las palabras de un alto funcionario del Ayuntamiento que decía que no tiraban las quejas a la papelera porque no podían, pero que las archivaban directamente“, concluye.
