Denuncian que ya no hay dinero para Inserción Social
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas ha denunciado que la partida de 18 millones de euros que los Presupuestos Autonómicos destinan a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para 2013 se agotó en junio, por lo que los demandantes tendrán que esperar más de un año para recibir una ayuda destinada a personas en exclusión social.
Así lo han constatado los dos colegios de Trabajo Social del archipiélago, que aseguraron en un comunicado que, en los Ayuntamientos con mayor población, los ciudadanos deben soportan listas de espera de hasta diez meses solo para ser atendidos por los Servicios Sociales, a lo que hay que sumar el “largo” trámite burocrático que se prolonga como mínimo otros seis meses.
Explicaron asimismo que esta demora se explica por dos razones. Una de ellas es la reducción por parte del Gobierno canario del 50% de presupuesto que destinaba a los ayuntamientos para contratar trabajadores sociales, con lo que el personal para atender las solicitudes de PCI y hacer un seguimiento de cada uno de los perceptores es cada vez menos, mientras crece drásticamente el número de solicitudes debido a la crisis económica.
Mientras, la otra causa del retraso se explica por el amplio plazo que se da a las administraciones para resolver las peticiones. En la actualidad, los ayuntamientos disponen de tres meses para concluir el expediente y el Gobierno regional tiene otros tres para pronunciarse y resolver.
En este sentido, los colegios profesionales, que han elaborado un informe en el que analizan las deficiencias de la Ley, proponen que este plazo se reduzca a cuatro meses, de tal forma que los Servicios Sociales municipales dispongan de dos y la Administración autonómica de otros dos.
Para los trabajadores sociales, otro de los problemas es la insuficiente partida presupuestaria que le asigna el Ejecutivo regional a la PCI.
“Desde que se aprobó la Ley, las partidas que se destina a esta prestación se agotan antes de que concluya el año. Los 18 millones establecidos para 2013 se agotaron en junio y ninguna de las prestaciones aprobadas este año se ha abonado aún a los demandantes. Esto obligará a la Administración autonómica a buscar fondos para atender lo que resta de Ejercicio; un problema que se subsanaría con una asignación más ajustada a la realidad”, indicaron.
Además, solicitaron que se establezca un baremo claro para definir la “exclusión social”, puesto que en la actualidad no se trabaja con criterios objetivos y los indicadores dependen de cada ayuntamiento.
Finalmente, ambos colegios consideraron “esencial” suprimir el límite de 24 meses en la duración de estas prestaciones y solicitaron que no se reste de las percepciones el apoyo económico familiar.
