Denuncian que el Gobierno ha desviado 1.119 millones a la sanidad privada en 10 años
La Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha “desviado, vía conciertos”, a la sanidad privada 1.119 millones de euros en los últimos diez años, lo que ha favorecido a “empresarios afines” a CC y el PP, como son los titulares de los grupos Hospiten y San Roque Meloneras.
Así lo aseguró este jueves en una rueda de prensa Bernardo Medina, miembro de la Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria, quien denunció la política de “descapitalización” de la sanidad pública que lleva a cabo el Gobierno canario en favor de entidades privadas.
Esto ha llevado a que en el Archipiélago haya 14,30 camas por cada 10.000 habitantes en la sanidad privada, mientras que la media española es de 6,88 camas por cada 10.000 habitantes.
Tal es así, refirió, que “más de la tercera parte de las intervenciones quirúrgicas se realizan en la sanidad privada-concertada”.
La Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria, que representa a 10.909 trabajadores, también recordó que en la actualidad 22.000 personas esperan en Canarias para ser atendidos por el especialista en Consultas Externas o para someterse a una prueba diagnóstica y llamó la atención sobre el tiempo medio de espera para ser atendido por un especialista, “de nueve meses como mínimo”, que es mayor en las Islas que en cualquier otra comunidad española.
Medina también manifestó que, por primera vez, para ser atendido por un Médico de Familia, hay que esperar una media de ocho días, y consideró que la solución al problema de las listas de espera requiere, necesariamente, de una mayor inversión en recursos humanos.
Así, llamó la atención sobre la parálisis a la que, según dijo, tiene sometida la Consejería a la Oferta Pública de Empleo de 2007, con la que se pretendía “estabilizar” a más de 5.000 trabajadores de todas las categorías profesionales y aseguró que, aún cuando se resuelva, en Canarias seguirán faltando 600 facultativos (450 médicos de familia y 150 especialistas) y 1.800 enfermeros.
Bernardo Medina afirmó que la consejera Mercedes Roldós hace bien en reclamar al Gobierno español los 1.000 millones de euros que se adeudan a Canarias en concepto de financiación adaptada a la realidad poblacional del archipiélago, aunque consideró que “ese dinero debe venir, no para la sanidad privada, sino para mejorar la pública”.
La Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria, constituida en septiembre de 2008, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo “la falta de respuesta y el desprecio a la legalidad” que ha recibido de la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, desde donde, según aseguró hoy su presidente, José Alfaro, se ha negado a sus miembros “disponer de un local, un teléfono, un fax y una dirección postal para que los trabajadores puedan dirigirse a sus representantes”.
La Junta también ha denunciado que no se aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que desconoce cuál es el plan de evacuación a seguir en el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, donde trabajan unas 3.000 personas, además de las “contrataciones paralelas y en fraude de ley” que se realizan, a pesar de que en 1997 se confeccionó una lista oficial “que no se pone en marcha” y sobre la que no existe “ninguna regulación”, aseguró el secretario de la Junta, Alejandro Ramírez.
