El directivo de La Caja dice que el Banco de España avala la gestión
caso eólico
Así lo indicó González durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el concurso eólico, a la que mostró “su profundo respeto” antes de invocar su derecho a no declarar al considerar que su condición de imputado en este caso le impide hacerlo “con total libertad”. Jesús González expresó su “plena confianza” en la justicia y en la comisión parlamentaria ya que no ha cometido “ni irregularidad ni deslealtad”, sino que centró todos sus esfuerzos profesionales en un concurso que entendía “ilusionante para la comunidad autónoma”.
Reiteró su petición a la Cámara de que entiendan sus motivos y apeló a que se respeten los derechos fundamentales, entre ellos el de la presunción de inocencia, que “es evidente que se ha visto vulnerado en muchísimas ocasiones” debido a filtraciones interesadas o sesgadas de medios de comunicación y en declaraciones políticas“. En su opinión, ha sido sometido a un ”acoso y derribo“ que ha afectado a su honorabilidad, reputación y profesionalidad, además de a su familia, y solicitó el ”amparo“ para que no se vuelva a permitir que se repita lo sucedido, ya que ”bajo ningún concepto el daño que se hace a las personas inocentes es irreparable“.
Retraso “sorprendente”
Jesús González quiso asimismo “aclarar algunos puntos”, entre ellos el que de una auditoría interna realizada respecto a su actuación se deduce que ésta ha sido “en todo momento” correcta, igual que de un informe de la inspección del Banco de España.
Explicó que como jefe de Tesorería su función era la de asesorar a las entidades que querían financiación para sus proyectos, por lo que mantuvo “múltiples reuniones con muchas empresas, particulares e instituciones públicas cuyos gerentes pertenecen a todos y cada uno de los grupos políticos aquí representados”. Por el contrario, no figuraban en sus funciones la concesión de préstamos, garantías o avales a los clientes y su trato profesional no pudo concluir debido a que el concurso eólico fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias “por defectos de forma” el 15 de julio de 2005, aunque “sorprendentemente” no se comunicó esta decisión hasta seis meses después.
El diputado del grupo Socialista Santiago Pérez formuló las preguntas que tenía previstas, entre ellas una referente a si el compareciente actuó como intermediario de Alfredo Briganty a cambio de obtener 800.000 euros por cada megavatio que se obtuviese en el concurso, por medio de un sistema de pignoración de acciones. El portavoz del grupo Popular, Jorge Rodríguez, y la diputada de Coalición Canaria Belén Allende no formularon preguntas en respeto a la decisión del compareciente de no declarar.
