Ecologistas piden la dimisión del edil de Urbanismo de Telde (Gran Canaria) por la legalización de un centro comercial

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)

El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción pidió hoy la dimisión del concejal de Urbanismo de Telde, José Antonio Perera, por el “escandaloso proceder en la legalización y apertura del Centro Comercial Las Terrazas de Jinámar”, en el municipio grancanario.

La organización recuerda en un comunicado que en un principio “se negó” al colectivo Turcón la posibilidad de ver el expediente administrativo y ahora en sede judicial los ecologistas han ratificado todos los extremos de sus denuncias.

Añaden que han recurrido todos los actos administrativos relacionados con el Parque Marítimo de Jinámar, “desde el inicio de las obras de urbanización en el año 2003 que ya posee una sentencia firme confirmando las denuncias ecologistas”.

De este modo, señalan que las últimas demandas efectuadas contra el Ayuntamiento de Telde en los juzgados de Lo Contencioso-Administrativo dan como resultado la presentación por parte de los juristas de Turcón de un documento de más de doscientos folios donde se argumentan las supuestas irregularidades.

El colectivo recuerda que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria emitió un auto de fecha 1 de abril de 2009, por el que aceptó la petición de Turcón para la acumulación de los expedientes que contiene los actos administrativos impugnados referidos, entre otros, al acuerdo de la junta de gobierno local del Consistorio donde se aprobó el proyecto de urbanización del equipamiento estructural del Parque Marítimo de Jinámar.

A ello se suma la impugnación de la licencia de apertura de establecimiento para dedicarlo a la actividad de Parque Marítimo de Jinamar, SL.- Centro Comercial de Las Terrazas y el decreto de 11 de noviembre de 2008 por el que se otorga definitivamente la licencia de apertura al promotor del Centro Comercial Las Terrazas.

“LEGALIZACIÓN ENCUBIERTA DE LAS OBRAS”

Una vez examinada toda la documentación que contienen los siete tomos del expediente judicial, Turcón denuncia la “legalización encubierta de las obras y la autorización para la apertura del Centro Comercial sin cumplir los parámetros exigidos”. Asimismo, Turcón informa de que ha puesto en manos del juez todas las supuestas irregularidades detectadas, solicitando que “se profundice en la investigación por si pudiera existir otro tipo de responsabilidades”.

“Como ejemplo de los trapicheos del concejal de Urbanismo”, aluden a una “dispensa” presentada al pleno del 31 de octubre de 2008 por el edil, a fin de solicitar al Consejo de Gobierno de Canarias que “adopte acuerdo de dispensa previsto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Los ecologistas argumentan que esta petición de dispensa tiene que ver con que “el proyecto presentado dispone de unos 1.000 metros cuadrados en exceso que contribuye a garantizar la evacuación del edificio”.

Añaden que el debate plenario es posterior a la inauguración oficial del Centro Comercial de Las Terrazas --20 de octubre de 2008--, y a diez días de la concesión de la Licencia de Apertura que se pretende anular por Turcón.

“DESCALABRO DE LA ADMINISTRACIÓN”

Según los ecologistas, el concejal de Urbanismo dijo al resto de miembros de la corporación que “se cumple con todos los trámites, y sorprendentemente después no la eleva al consejo de gobierno de canarias, tal como se acordó en el Pleno Municipal y, lo más grave, se concede la licencia de apertura”.

“Este hecho en sí mismo demuestra, además del descontrol del concejal de Urbanismo, el descalabro de una administración a merced de unos determinados intereses, y que los hechos consumados son la tónica general en este proyecto”, sostiene Turcón.

De este modo, tras analizar toda la documentación en vía judicial y comparando con el resto de documentos existentes en poder de este colectivo, los ecologistas reclaman la dimisión del responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde porque, a su juicio, “ha dejado de ser garante de los intereses del municipio, así como no ha sido capaz de velar por la legalidad vigente en Jinámar”.

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