El Ejecutivo rechaza anular el plan de Las Teresitas y defiende su legalidad
El Gobierno de Canarias consideró este miércoles que el plan parcial de Las Teresitas se ha aprobado con todos los controles y garantías de legalidad, mientras que el PSC advirtió un conjunto de infracciones legales que justifican sobradamente su anulación y acusó al Ejecutivo de reacción “autodefensiva”.
Las discrepancias en torno a la urbanización de la playa de Las Teresitas se produjeron en el Parlamento regional con motivo del debate de una interpelación en la que el diputado socialista Santiago Pérez pedía la anulación del citado plan, lo que fue rechazado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel.
El consejero dijo que el plan se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es decir “con la máxima legitimación posible e incluidos los votos del PSC”, y señaló que la modificación satisface la demanda ciudadana y garantiza el uso público de la playa.
El hecho que se haya presentado una querella no implica que el Gobierno deba extralimitarse en sus funciones, según Berriel, quien señaló que este asunto está en los tribunales “y lo prudente y lo lógico es esperar sin prejuzgar” el resultado, que seguramente “dentro de unos años” se habrá olvidado.
El consejero mencionó las distintas fases que ha atravesado el plan de urbanizar la playa y negó que tenga una posición de defensa de nadie, sino de la legitimación de los actos públicos realizados por las administraciones democráticas sobre todo cuando el fundamento es “una querella que no ha sido sometida al proceso de contradicción” y de tutela judicial efectiva.
“No se pueden sacar conclusiones de una mera denuncia porque si no estaríamos aviados, igual que antes de que las Cortes de Cádiz aboliesen la Inquisición”, afirmó Berriel.
El consejero pidió restablecer la presunción de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife actúa correctamente en el ejercicio de sus potestades en materia de planeamiento “en tanto no se demuestre lo contrario” y que los filtros técnicos y jurídicos establecidos en la legislación han actuado rigurosamente y con toda precisión.
Opinó también que es “altamente improbable” que los tribunales adopten alguna medida cautelar o dicten la nulidad de las modificaciones del Plan General de la capital tinerfeña, pues aseguró que “del análisis exhaustivo de lo actuado hasta ahora resulta muy difícil colegir tal posibilidad”.
“Ni una querella o denuncia en materia penal enervan por sí solas la validez o las actuaciones urbanísticas amparadas por la presunción de legalidad, sino que someten al conocimiento de los tribunales una determinada versión unilateral de los hechos”, apuntó.
El diputado socialista Santiago Pérez replicó que una decisión adoptada por unanimidad en una corporación no enerva el principio de legalidad y aseguró que el Gobierno de Canarias puede defender dicho acuerdo “por razones de partido o de solidaridad”, pero al hacerlo está renunciando a ejercer las potestades que le conciernen y que se refieren a afianzar la credibilidad del sistema legal.
“Ahora se saben hechos que no tenían por que saberse antes y que con claridad demuestran que esa modificación del Plan General adolece de vicios de legalidad muy importantes que deben determinar su anulación”, apuntó.
En su opinión, la modificación del plan incumplió las previsiones de la ley de la moratoria turística, que establecía la suspensión de los efectos de los instrumentos de ordenación anteriores y basados en disposiciones legales obsoletas.
Además, según el parlamentario socialista, el Plan General modificado como consecuencia del convenio de Las Teresitas infringe varias disposiciones de la ley de ordenación del territorio, en cuanto a que no se puede condicionar un acuerdo de estas características a los intereses privados.
También se refirió a la plusvalía de 90 millones de euros obtenida en la reordenación del valle de las Huertas, que no han ido a parar a la comunidad, y se preguntó “dónde ha ido a parar el aprovechamiento urbanístico” con el que el Ayuntamiento justificó la operación.
En su opinión el caso de Las Teresitas se ha convertido “en un test” porque la Comunidad Autónoma se está enfrentado a casos similares en materia urbanística y cuando afloran infracciones del ordenamiento la Administración debe actuar de oficio, por lo que la presunción de inocencia no debe “servir de trinchera para no actuar”.
Santiago Pérez anunció que el grupo Socialista presentará propuestas de resolución relacionadas con la citada interpelación “porque está en juego la credibilidad” del sistema de ordenación que los gobiernos han puesto “en primera línea” y en cambio, cuando se produce un caso de este tipo la reacción es “autodefensiva”.
