Empleados de Mazotti detectan graves irregularidades en el proceso concursal
Empleados de la constructora Mazotti, SA, en proceso concursal a raíz de la detención de su propietario, Alejandro Navarro, en julio pasado por la Operación Paraíso en San Bartolomé de Tirajana, han denunciado a este diario graves irregularidades en el concurso de la empresa, que temen esté abocada a la liquidación por las decisiones arbitrarias y perjudiciales de dos de los administradores concursales.
En concreto, trabajadores de la constructora señalan que la propia empresa ha solicitado la recusación de estos dos administradores, José Miguel Ortigosa Villén y Matías Hernández Gil, ambos nombrados por el juez de lo Mercantil Miguel Losada Terrón, porque tanto la empresa como los empleados consideran que “todas sus acciones van dirigidas a la liquidación de ésta”.
En el mismo sentido se ha expresado el tercer administrador concursal, en representación de los acreedores, que desde septiembre pasado recae en el conocido auditor de cuentas José Luis Cárdenes, nombrado al efecto por la empresa Aerospa Comercial SL, una acreedora de Mazotti que figura en la denuncia contra Grupo Europa que dio pie a la pieza separada número 38 del caso Faycán, que Telde ha derivado al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por una supuesta actuación ilícita en el concurso de la constructora Yánez, denunciado ante el juez por el ex gerente de Grupo Europa, con la aportación de abundante documentación.
El personal de Mazotti apunta a que estos dos administradores concursales han provocado “el incumplimiento del deber de proteger el patrimonio de la concursada, en interés del concurso”, y señalan como ejemplos “su inacción con respecto a no exigir el cumplimiento de los contratos de obra en ejecución, no recuperar la posesión de obras y bienes, no obtener ni reclamar el ingreso de cantidades en posesión de terceros (propiedades), no contestar a requerimientos voluntarios de propiedades tales como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el Servicio Canario de Salud sobre donde depositar el importe de cantidades pendientes de cobro o no requerir pagos pendientes de entidades públicas deudoras (bancos y cajas) por importe aproximado de diez millones de euros”.
Consideran los trabajadores movilizados de Mazotti que estos dos administradores concursales, “con su inactividad y silencio”, han impedido el cobro de ingresos de terceros, “causando una evidente indefensión a Mazotti frente a los actos de ilícita resolución contractual y desposesión de sus activos y han paralizado la actividad de la compañía”.
Además, entienden que han incurrido también en el “incumplimiento del deber de facilitar la continuidad de la empresa concursada”, con una serie de hechos tales como denegar y dilatar “el pago de nóminas y el expediente de regulación de empleo”, ya que el impago o el retraso de las nóminas ha provocado que parte del personal se haya dado de baja voluntaria de la empresa, un personal “imprescindible para continuar las obras y generar ingresos para aumentar la masa activa” de la mercantil en quiebra, que al desaparecer este personal “da un paso más hacia la liquidación”.
Para los trabajadores de Mazotti, la actuación de la Concursal, de la que formalmente se ha desmarcado por escrito uno de ellos, José Luis Cárdenes, ha dejado de generar ingresos casi de 20 millones de euros, ya que la cifra estimada que podría estar ingresada en las cuentas bajo inspección judicial se acerca a los 20 millones de euros “y a día de hoy la cantidad existe no supera un millón de euros”.
Comunicado de Empleados de Mazotti y escrito del administrador José Luis Cárdenes
