Una empresa del 'Marqués' pelea unos terrenos a 60 vecinos de La Oliva
Unos terrenos en el majorero municipio de La Oliva que Domingo González Arroyo disputa a un nutrido grupo de vecinos conforman la nueva polémica en la que se ve inmerso el líder del PP en Fuerteventura. Los aproximadamente 60 propietarios de una finca rústica sita en el Llano de la Cueva, en Villaverde, entre los que se encuentra la iglesia católica, aseguran serlo desde 1913. El asunto cuenta con todos los visos de acabar, tras las elecciones del 27-M, en los tribunales de justicia.
La finca en cuestión se extiende hasta alcanzar los 156.450 metros cuadrados, y posee un aljibe -llamado de Cho Julián- de grandes dimensiones que parece ser el verdadero objeto de la controversia. De esos más de 150.000 metros, 59.328 son los que reclama Calaofu, S.L., una empresa que adquirió la supuesta propiedad de esos terrenos al serle vendidos por otra entidad mercantil, Infrarenta, S.A., con sede en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, “ambas del Marqués, como sabe todo el sur de Fuerteventura hace mucho tiempo”, según algunas fuentes.
Lo que es meridianamente cierto es que González Arroyo figura en el Registron Mercantil como apoderado desde 2003, aunque la empresa fue creada en 1992. El administrador único de Infrarenta es José María Pérez Palma, que hasta hace bien poco mantenía una situación de parentesco con el Marqués -era su yerno-, conocido también por el denominado caso del topógrafo, en el que fue contratatdo por González Arroyo en calidad de topógrafo, aunque no lo es.
Los alrededor de 60 vecinos propietarios del terreno empiezan apenas a movilizarse conjuntamente, aunque ya han conseguido neutralizar la primera vía utilizada por el dirigente del Partido Popular, que solicitó a un notario un acta de notoriedad que ya figura en el registro del Ayuntamiento de La Oliva, pero que ha quedado sin validez al haber los vecinos aprovechado la preceptiva fase de reclamaciones y protestas, estadio ya terminado en el Consistorio pero al que restan diez días desde este viernes en la notaría.
Además, entienden que únicamente el periodo electoral frena por ahora la judicialización del asunto, que entienden será llevado a los tribunales por la parte contaria, que ha hecho una inscripción catastral que aún los afectados no pueden explicarse, toda vez que es necesario acreditar la propiedad del inmueble a escribir.
Algunos de los vecinos, cerca de unos 60, no cuentan con documento acreditativo alguno de su propiedad, mientras que otros lo tienen de carácter privado. Por el contrario, el Arciprestazgo de Fuerteventura, es decir, la Iglesia católica, se encuentra entre los afectados y posee un documento público que acredita su propiedad mancomunada sobre los terrenos en presunto litigio.
