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Los exportadores se sienten ''desahuciados''

Las asociaciones de exportadores de tomates de las dos provincias canarias Fedex y Aceto han mantenido un encuentro con la Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, a la que se le ha comunicado la situación de “desahucio” al que está abocado este sector.

En el encuentro participaron el presidente de la Asociación de Exportadores Cosecheros de Tomate de Tenerife, Francisco Mesa, el presidente de la Federación de Productores Hortofrutícolas de Las Palmas, Ismael López, los secretarios gerentes y abogados de ambas entidades, así como el director general de la cooperativa Coagrisan y de Cortés exportaciones.

Tanto el presidente de Aceto como el de Fedex agradecieron a Hernández Bento la celeridad con la que los recibió, para exponerle la coyuntura en la que se encuentra el sector tomatero tras el toque de atención que ha supuesto la sentencia condenatoria a Fedex.

La preocupación e incertidumbre del sector reside en el hecho que, de producirse el mismo fallo en el contencioso de Aceto, pendiente aún de sentencia, ambas entidades consideran que el final del sector del tomate de exportación de Canarias estaría servido. Sobre todo, porque la primera sentencia obliga a Fedex al reintegro de la compensación más intereses incluyendo la de aquellos exportadores que la cobraron y ya no existen.

Desde el inicio de la demanda, las entidades exportadoras han manifestado su disconformidad con los citados informes ya que estos no han tenido en cuenta las condiciones que necesita el tomate canario para ser transportado al continente en óptimas condiciones y en tiempo.

Además, los exportadores razonan que para el cálculo del coste del transporte se utilizaron los precios que ofrecen buques que pasan por Canarias provenientes del sur de África a los que se denomina de oportunidad, que no garantizan la periodicidad, plazo de entrega ni disposición del espacio necesario.

De hecho fue esta razón, junto a los elevados costes que ofrecía la única consignataria que operaba desde Canarias, la que obligó a los exportadores canarios a subastar en el mercado internacional el servicio que necesitan para cumplir con sus clientes y al menor coste posible.

De haber existido una naviera que hubiera ofrecido un precio menor al que lograron en subasta, los exportadores insisten en que la hubieran contratado entonces, ya que la actividad comercial que practican consiste en optimizar y reducir los costes para no perder en lugar de “inflarlos”, tal como los acusó la Administración del Estado.

En este sentido, las entidades exportadoras invitan a la Administración del Estado a indicar o demostrar, caso de existir, una contratación más económica en el mercado. Por su parte y ante la petición cursada, María del Carmen Hernández Bento manifestó a la comitiva estar al corriente de la situación y se comprometió a gestionar, en el menor plazo posible, una entrevista con la Abogacía del Estado para abordar la propuesta que le trasladaron los responsables de Fedex y Aceto.

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