Caso Mediador

La Fiscalía avala que el PSOE se presente como acusación popular en el caso Mediador al no ver indicios que involucren al partido en la trama

La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de que el PSOE ejerza la acusación popular en el denominado caso Mediador al considerar que, hasta el momento, no hay indicios de que el partido esté involucrado en la presunta trama liderada por el exdiputado socialista Juan Bernarndo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público ha aportado un escrito al procedimiento en el que se opone a la petición del PP (que también ejerce la acusación popular en la causa) de apartar al PSOE. En concreto, los populares alegaban que los socialistas no podían litigar en el caso porque uno de sus exdiputados figura como el principal investigado.

En su recurso de reforma, al que tuvo acceso Europa Press, el PP advertía asimismo de que el PSOE podría acabar siendo responsable civil a título lucrativo. Desde la Fiscalía, sin embargo, han recalcado que no hay indicios de que el PSOE (como partido) tuviera participación en la presunta trama corrupta, por lo que se han opuesto a que se le prohíba acusar en el procedimiento que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

El escrito del Ministerio Fiscal tiene lugar después de que PP, PSOE, Vox, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (Aguaiuris) le pidieran a la Audiencia Provincial de Tenerife que corrigiera la decisión de la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres de aceptarles la personación para ejercer la acusación popular con la obligación de actuar como una sola parte para evitar una “hipertrofia” que generara dilaciones indebidas en las pesquisas.

Las tres formaciones y las dos asociaciones pidieron a la titular del Juzgado que reconsiderara su decisión inicial y le instaron a que les dejara actuar por separado al considerar que no tienen intereses coincidentes en esta causa.

En el escrito presentado por el PSOE, este alegaba que obligar a compartir su representación letrada a organizaciones “manifiestamente heterogéneas, que representan valores distintos y en ocasiones contradictorios entre sí” impide en la práctica el ejercicio de la acción popular y por tanto vulnera la Constitución Española.

La juez, sin embargo, se ratificó, por lo que los letrados elevaron el asunto a la Audiencia de Tenerife, que tendrá la última palabra.

Las fuentes consultadas han precisado que el Ministerio Público también se ha pronunciado sobre la petición de los partidos y asociaciones de acusar en solitario. Según han indicado, Anticorrupción ha respaldado la decisión de la instructora de acordar una acusación unificada.

Continúa la investigación

Mientras la Audiencia de Tenerife resuelve cómo actuarán las acusaciones populares, la titular del Juzgado continúa con las pesquisas. Recientemente, ha puesto la lupa sobre el presunto “control” que tenía el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte --conocido como 'el mediador'-- sobre el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), por lo que ha reclamado al coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria que aporte documentos originales o copias relativos a las inspecciones que dicho órgano realizó a varias ganaderías y queserías desde 2019 y hasta la actualidad.

La instructora ha ordenado esta diligencia tras constatar que “son numerosas” las conversaciones en las que Navarro Tacoronte “hace entender a sus interlocutores un cierto control sobre las actuaciones del grupo del SEPRONA y que afectarían directamente a distintos ganaderos, todo ello en aras a lograr la consecución de unos beneficios ilícitos de naturaleza económica”.

Según las pesquisas, Navarro Tacoronte “se habría valido de la figura del general Francisco Espinosa y de otros componentes de la Guardia Civil para la supuesta utilización del SEPRONA con el fin de influir en aquellas explotaciones ganaderas de empresarios del sector de los que pretendían obtener comisiones y/o contraprestaciones de diferente naturaleza”.

Además, la juez ha librado oficio a los agentes de la Brigada Provincial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para que recaben “cualquier otra información y documentación complementaria que consideren necesaria para realizar el seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación”. Y ha ordenado --tal y como solicitaba la Fiscalía-- una serie de diligencias para esclarecer otros hechos que hasta ahora permanecen bajo sospecha.