La Fiscalía pide la imputación de cuatro funcionarios y un ex edil de Arrecife
La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado al Juzgado decano de Arrecife que abra diligencias de investigación sobre la concesión de los permisos al aparcamiento Islas Canarias. Alternativa Ciudadana denunció los hechos en enero y la Fiscalía pide ahora que se impute a cuatro funcionarios municipales y a un ex concejal del grupo de gobierno.
Alternativa dio este jueves una rueda de prensa para informar de la admisión a trámite de la denuncia, que se realizó contra la comisión de gobierno que concedió la licencia en mayo de 2002, con María Isabel Déniz de alcaldesa (por el PIL), contra el concejal delegado, el entonces secretario municipal y la empresa constructora y explotadora del parking, que es la sociedad Aparcamientos Parque Islas Canarias, formada en un 11% por el propio Ayuntamiento, y el resto por los propietarios del Arrecife Gran Hotel.
La Fiscalía ve indicios de prevaricación urbanística y administrativa y pide al Juzgado que abra diligencias y llame a declarar a cinco personas en calidad de imputados. Alternativa no quiso dar los nombres de los citados, pero se trata del ex concejal de actividades clasificadas Juan Antonio Santana (PIL), que hace años que dejó la política activa, y los funcionarios de la oficina técnica Rafael Arrocha (imputado en el caso Unión), Martín Robayna, Jesús Morales y Sheila Betancort. Los dos primeros no trabajan actualmente en el Ayuntamiento.
La licencia del aparcamiento fue anulada por el Tribunal Supremo tras un contencioso administrativo que interpuso la Fundación César Manrique. El Ayuntamiento pidió un incidente de inejecución de sentencia, con Enrique Pérez Parrilla de alcalde, que fue rechazado. Hace unos meses se dictó un decreto de cierre por parte del ex alcalde Cándido Reguera que permitió que la propiedad del aparcamiento recurriera la orden y presentara un proyecto de legalización para conseguir una nueva licencia.
El Ayuntamiento, con el actual grupo de gobierno (formado por CC, PSOE y Alternativa Ciudadana) considera que el aparcamiento es legalizable y otorgó una nueva licencia, que debe ser ratificada por los tribunales.
El ex concejal de Alternativa, Andrés Barreto, agradeció este jueves a la FCM su labor en los tribunales y señaló que Alternativa no ha cambiado de criterio, ya que se abstuvo en la votación sobre la nueva licencia. Señaló que la actuación de Alternativa “no ha sido en balde”, y que la sentencia se tiene que ejecutar. También destacó que nadie sabe los ingresos y los gastos de la empresa que explota el aparcamiento, que nunca ha dado beneficios al Ayuntamiento.
