La Fiscalía de Medio Ambiente denuncia la posible falsificación del PGO de Santa Cruz
La fiscal contra los delitos medioambientales, Inmaculada Violán, ha aceptado tramitar la denuncia presentada hace ya varios años por la Plataforma en contra del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz por posible falsificación documental de este planeamiento. El escrito ha sido ratificado por la fiscal jefe, Carmen Almendral, hace cerca de un mes y ya sido remitido a los juzgados de instrucción para que a partir de ese momento se inicie la ronda de declaraciones.
El abogado de la Plataforma, Felipe Campos, considera que el principal responsable de esta posible falsificación debe ser el secretario de la Corporación, Luis Prieto. Para el letrado el funcionario no cumplió con su obligación de ratificar la autenticidad de las diversas versiones del PGO que fueron sometidas a votación en el pleno y las que se entregaron a los grupos políticos a finales del año 2009 y principios de 2010.
Después de haber sido interpuesta esta denuncia la policía judicial a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente y de Anticorrupción se personó en varias ocasiones en la sede de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para recabar diversos documentos, tal y como aparece recogido en el expediente del PGO.
La denuncia fue presentada por Campos en los primeros días del año 2010 por la forma en que el Plan fue aprobado el día 4 de enero, con dos documentos supuestamente diferentes entregados a los concejales en ninguno de los cuales aparecía la firma del secretario del Ayuntamiento para dar fe de su autenticidad. “Las copias nunca llegaron a estar cerradas, no fueron autentificadas. En realidad hubo dos documentos y nunca supimos cuál fue el que estudió la COTMAC. El plan se pudo haber modificado tras ser aprobado por el pleno, lo que aparte de una chapuza, como todo este PGO, es un fraude de Ley”, explicó Campos.
La Plataforma denunció por aquellas fechas que el PGO aprobado por el Consejo Rector de Urbanismo a finales de 2009 fue modificado tras ser trasladado a la oposición para la celebración del pleno del 29 de diciembre de aquel año y que fue suspendido ante una supuesta amenaza de bomba. Finalmente la sesión plenaria se desarrolló el 4 de enero de 2010 en medio de las protestas de miles de ciudadanos cuyas viviendas habían quedado en situación de fuera de ordenación.
Campos denunció en aquel entonces ante la Fiscalía el documento que se envió a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento los días 24 y 30 de diciembre, al considerar que se podía haber incurrido en una “ilegalidad con posibilidad de relevancia penal”. Indicó que una vez que se convoca el Pleno es el secretario quién debe dar fe de que ese es el documento final que se debatirá por lo que no se explicó que por aquellas fechas circularan dos versiones distintas con variaciones “sustanciales” en lo referido, por ejemplo, a calificaciones de suelo o a nuevas parcelas recreativas.
En el tercer intento de aprobar de forma definitiva el PGO y remitirlo de nuevo a la Cotmac hace cerca de un año ya apareció la firma digital del secretario. En ese momento fue el propio Gobierno canario a petición de la nueva mayoría que resultó de las elecciones locales de mayo el que decidió aparcar la aprobación del plan como habían exigido los socialistas como requisito para pactar con Coalición Canaria (CC). En estos días se ha vuelto a reavivar esta polémica ya que se está intentando proceder por cuarta vez a la aprobación final del planeamiento y remitirlo a la Cotmac aunque dejando ciertos ámbitos suspendidos.
