Fiscalizar la eficiencia, misión imposible
Cuando los socialistas estaban en la oposición incidían en sus críticas sobre el hecho de que no había ningún mecanismo que pudiera evaluar el grado de eficiencia y eficacia de las políticas del Ejecutivo en relación al presupuesto gastado en llevarlas a cabo.
Una recomendación que, reiteradamente, manifestaba la Audiencia de Cuentas en sus informes anuales de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y que también incumplió en 2011 el primer gabinete con el PSC compartiendo consejos de Gobierno.
Así consta en la fiscalización de la Cuenta General de 2011 realizada por el organismo auditor y que la próxima semana será debatido en el Parlamento regional.
Así, recuerda que, en general, “los programas presupuestarios describen los objetivos en términos generales y sin incorporar un sistema de evaluación del resultado a alcanzar”.
Imposible verificación
Por lo tanto, según la Audiencia de Cuentas, “no es posible verificar su grado de ejecución desde una perspectiva de eficacia, eficiencia y economía ni realizar asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto en función, entre otras circunstancias, del nivel de cumplimiento de los objetivos”.
Y ello es así porque para la planificación del control interno, la Intervención General confecciona anualmente un Plan Estratégico integrado por el Plan de Control Financiero Permanente, el Plan de Auditoría y el Plan Anual de Acción de la Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas.
No obstante, y siempre según la Audiencia, “este último no ha sido elaborado para el ejercicio 2011, al igual que en ejercicios anteriores, y cuya evaluación corresponde a la Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas que a fecha del presente informe no estaba aún operativa”.
La Audiencia recuerda que “el objetivo primordial de los Presupuestos de 2011 era el mantenimiento del nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales a pesar de la reducción de los recursos financieros, especialmente los de carácter social y asistencial, y más en concreto, los relativos a las áreas de sanidad, educación, empleo, servicios sociales y justicia”.
Estas cinco políticas, según la fiscalización realizada, supusieron más del 71,5% del gasto (4.747,5 millones de euros). Si además al importe anterior se suman las aportaciones a las corporaciones locales, el gasto asciende al 79% (5.247,4 millones).
Incumplimiento de la Ley
La Audiencia recuerda que una de las novedades de la nueva Ley de la Hacienda Pública Canaria dictada tras la aprobación de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria fue el “establecimiento de un nuevo régimen para la elaboración y ejecución de los Presupuestos Generales en el que prima la programación y la gestión por objetivos en un contexto plurianual de la actividad económico-financiera del sector público autonómico”.
La finalidad de esta modificación era “contribuir a una mejora continua de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas de gasto establecidas por el Gobierno y en función de los recursos disponibles”.
Por tanto, y según el informe, la descripción de los objetivos de los programas presupuestarios para 2011 de la Comunidad Autónoma y las actuaciones necesarias para alcanzarlos “se definieron en términos generales y no se diseñaron indicadores que hicieran posible su seguimiento y permitiesen la evaluación del grado de eficacia, eficiencia y economía de la gestión”.
“Al no existir un sistema de medición de objetivos, no fue posible llevar a cabo lo dispuesto en el art. 31.2 de la Ley, que establece que las asignaciones presupuestarias de los centros gestores de gasto se efectúen tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores”, concluye el informe.
