Fulminado un forense pese a la petición del juez
El director general de Relaciones con la Administración de Justicia ha decidido suspender de empleo y sueldo durante cuatro años y medio al forense de los Juzgados de Arrecife Jorge Suárez por considerar que ha cometido una falta muy grave y otra falta grave en el ejercicio de sus funciones. Suárez, de 59 años, recurrirá la decisión pero tendrá que comenzar a cumplir la sanción.
El doctor Suárez estaba suspendido de funciones desde el pasado mes de enero, por la apertura de un expediente a raíz de la denuncia de un compañero, Jesús Esparza, basada inicialmente en la grabación de un cadáver al que Suárez le había hecho la autopsia. La defensa del doctor Suárez considera que esa grabación es ilegal y viola la intimidad del fallecido, de nacionalidad británica.
Esa denuncia es el germen de lo que se convierte en un expediente que cuestiona toda la labor profesional del doctor Suárez, que trabaja en los Juzgados de Arrecife desde hace nueve años, y que deriva también en una causa penal por presunta falsedad documental. De hecho, el Gobierno ha culminado el expediente sin hacer caso al juez instructor de esa causa, que solicitó el mes pasado que se suspendiera dicho expediente hasta que se resolviera el asunto en el Juzgado.
Finalmente, en una resolución de veinte folios, el Gobierno desestima todas las alegaciones de Suárez, que considera que se trata de diferencias de criterio médico y en ningún caso de faltas o delitos, y que califica el asunto como una caza de brujas cuyo origen estaría en una autopsia realizada de forma conjunta por los dos forenses, el denunciante y el denunciado.
Esa autopsia se hizo al cuerpo de una mujer de 35 años que había fallecido en Hospiten. La familia denunció el caso por posible negligencia médica y la autopsia la debía realizar el doctor Suárez, pero Esparza insistió en hacer también el examen aludiendo a que había recibido órdenes del Instituto de Medicina Legal. Los médicos no se pusieron de acuerdo en la causa de la muerte.
Se da la circunstancia de Esparza era cuñado del gerente de Hospiten y que la familia de la fallecida recusó a este médico para que no declarara en el juicio que se sigue por negligencia. Tras esos hechos, Esparza denuncia a Suárez al considerar que no había reflejado la verdadera causa de la muerte de una persona fallecida seis meses antes y cuya grabación se había guardado todo ese tiempo. Como consecuencia de la suspensión de Suárez se consigue que éste no pueda declarar en el juicio contra Hospiten.
La falta muy grave por la que se suspende al doctor Suárez consiste en haber llevado a cabo cuatro embalsamamientos para funerarias durante su horario de trabajo. Suárez niega los hechos y asegura que las actas de embalsamamiento, que es la prueba en la que se basa la suspensión, refleja la hora en la que firma el director de salud, pero no la hora en que se hace la autopsia.
La otra falta es por haber decidido no abrir un cadáver para determinar la causa del fallecimiento. El Gobierno asegura que hay instrucciones de que en casos similares se debe abrir el cuerpo, pero no ha presentando ninguna prueba documental que lo sustente. Quien decide si hace o no la autopsia es el juez titular, en este caso, Leandro Martínez, que solicitó prestar testimonio en el expediente a favor de Suárez y no se le permitió.
El sector judicial de la Isla presentó hace meses al Gobierno un escrito con 186 firmas de apoyo a la labor del doctor Suárez. Por otra parte, la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias se ha negado a dar explicaciones sobre este caso en varias ocasiones, mientras que el doctor Esparza tampoco quiso hacer ninguna aclaración.
