El geriátrico de Ifara, fuera de ordenación en SCTF
Un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife concluye que efectivamente el Geriátrico El Drago construido en Ifara incumple la normativa que es de aplicación en este ámbito.
Los técnicos del organismo autónomo determinan que las licencias que ha otorgado el Ayuntamiento desde el año 2003 para construir este edificio ubicado en una calle transversal a Rubén Marichal, son “disconformes” con la mencionada regulación urbanística. En concreto, se han superado “significativamente” y de forma “sustancial” los límites de edificabilidad permitidos en este ámbito.
De hecho, los vecinos denunciantes calculan que en estos momentos se tendrá que llevar a cabo la demolición de al menos la mitad del inmueble. No obstante, ahora se está a la espera de que los juristas del Consejo Consultivo se pronuncien sobre la revisión de oficio de las licencias, un trámite que es obligatorio en este tipo de procedimientos.
El informe está firmado por el jefe de Negociado de Intervención en Edificación, Javier Juliá Doblado y el director técnico de Urbanismo, Fermín García y es resultado de la denuncia que en su momento interpusieron los residentes de Ifara por la construcción de este inmueble propiedad de la sociedad Residencias Atlántidas SA.
En el dictamen se recoge que el resultado final de la edificación no se ajusta a los proyectos que fueron aprobados en su día. Y ello es así hasta el punto de que los técnicos concluyen que lo realmente ejecutado “no se ajusta a lo autorizado” en las licencias que fueron recurridas por los vecinos y sólo se ha conseguido legalizarlas con otras posteriores. Sin embargo, acto seguido se apunta que las autorizaciones otorgadas a continuación, “pueden adolecer de las mismas carencias y errores” que las denunciadas.
A finales de 2010, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz condenó a la Gerencia a iniciar de oficio la revisión de las licencias de construcción y reforma otorgadas y pronunciarse sobre la legalidad o no de las mismas. Después de más de dieciocho meses durante los cuales el organismo autónomo eludió cumplir la sentencia, hace un año el concejal, José Ángel Martín Bethencourt, ordenó que se iniciara la incoación del expediente.
Así se ha podido comprobar que en principio en el espacio que ocupa el edificio la normativa reservaba más de 5.000 metros cuadrados para un club privado y otros 600 para una guardería. Todo ello, en un ámbito donde la tipología edificatoria que prevalece es la de ciudad jardín. Sin embargo, posteriormente la parcela para el club privado aparece reducida a casi la mitad y la de la guardería se aumenta en apenas 60 metros cuadrados. Tal y como refleja este informe, durante años la Gerencia ha ido incurriendo en una cadena de “pronunciamientos contradictorios” sobre las posibilidades edificatorias de estas parcelas.
Los técnicos echan en falta que los juzgados no se hubiesen manifestado de forma expresa sobre esta cuestión con el fin de sentar jurisprudencia en torno a un asunto que deben considerar especialmente espinoso.
El procedimiento para construir el edificio se inició a finales de 2001 y la inauguración tuvo lugar en 2009, período durante el cual se emitieron al menos siete licencias. Los técnicos determinan que los casi 7.000 metros cuadrados que en la actualidad se destinan a espacio habitable, superan en alrededor de 2.600 lo permitido en su momento. Y ello es así hasta el punto de que frente a las tres plantas autorizadas se llegan a contabilizar seis en algunos puntos del inmueble. Además, se incumple la dotación de aparcamientos por camas, dado que serían necesarias 29 plazas más y también en la separación con los espacios públicos de manera que frente a los 3 metros existentes tendrían que existir ocho.
El representante de la asociación vecinal de Ifara, Mariano Reymundo Izard, ha mostrado su satisfacción por el resultado del informe de los técnicos cuyas conclusiones, según indica, coinciden casi en su totalidad con las denuncias presentadas en su día. “Efectivamente la Gerencia tenía que estudiar si el edificio cumplía o no con la normativa y se ha concluido con que todo es ilegal”, señala.
Ahora se ha concedido trámite de audiencia a los vecinos y a la empresa propietaria del geriátrico para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. Indica Reymundo que ni siquiera esta parcela podía ser destinada al actual uso y de hecho justo en frente se sitúa otra residencia para mayores. “Siempre defendimos que estábamos alarmados porque aquí se había excedido la volumetría y la ocupación y al final de nuevo nos han venido a dar la razón.
Primero en los juzgados y ahora en la propia Gerencia“. Reymundo indica que en ciertas ocasiones como los fines de semana la calle se llega a colapsar por sus estrechas dimensiones y la falta de aparcamientos, como se refleja el informe de Urbanismo. El representante vecinal en su momento adelantó que en caso de que se ratifiquen estas ilegalidades será la Gerencia de Urbanismo, y no los propietarios, la que se tendrá que enfrentar a una indemnización millonaria.
