El Gobierno canario negociará medidas específicas al plan nacional para reducir la temporalidad en el sector público

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha dicho este martes que Canarias puede complementar con medidas ajustadas a sus particularidades el plan aprobado por el Gobierno de España para reducir la temporalidad en el sector público.

Pérez ha respondido así durante el pleno en el Parlamento de Canarias a las preguntas de la diputada no adscrita Sandra Domínguez y del diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Casimiro Curbelo, en torno a la estrategia planteada por el Ejecutivo central para frenar la temporalidad de los empleados públicos.

El Gobierno nacional aprobó el pasado martes mediante real decreto-ley un plan para reducir la temporalidad por debajo del 8 % en el sector público que contempla, entre otras medidas, la convocatoria en tres años de unas 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos y una indemnización de 20 días para los que no superen el concurso.

El consejero entiende que dentro del ámbito de acción que permite el real decreto-ley se podrá diseñar alguna solución particular para Canarias sobre el asunto, de acuerdo a las “peculiaridades” de las islas.

“Es un impulso que debemos de aprovechar, y aunque sea necesario completarlo con otros, vamos a hacerlo con esperanza y decisión y diálogo”, ha reivindicado el consejero.

Un plan que supone a su juicio un “cierto avance” y que contiene elementos “para la esperanza” sobre el asunto porque, entre otras razones, intenta que no se reproduzca el actual problema de la interinidad en la administración y permite que las autonomías intervengan en él con arreglo a sus normativas particulares.

“Desde mi punto de vista, el problema del personal en situación de temporalidad o interinidad es el más grave que tiene la administración pública de Canarias. Si no lo resolvemos, no será posible ya no solo la reforma de la administración, sino que llegará un momento en el que no servirá para nada”, ha subrayado.

Ha señalado en esa línea dos elementos a corregir aún: la eliminación de los límites a la tasa de reposición, “verdadera causa” de la magnitud del problema, y la simplificación de los procesos selectivos, así como una mayor asiduidad en la celebración de los mismos.

Curbelo, eso sí, ha reconocido que no comparte el criterio del plan porque lo considera “duro, poco flexible” y jurídicamente “muy inseguro”, además de que le surgen dudas sobre su aplicación en el archipiélago, pero también ha dicho que se queda “más tranquilo” tras escuchar al consejero del Ejecutivo.