El Gobierno canario pedirá a Fomento que analice una modificación de la normativa del tacógrafo en el archipiélago
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 (EUROPA PRESS)
El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, solicitará al Ministerio de Fomento que analice la modificación de la normativa referente al empleo del tacógrafo en el archipiélago.
Así, se lo ha trasladado Hernández a la Federación de Empresarios de Transportes (FET), después de mantener un encuentro con el colectivo que le ha trasladado al consejero diversas cuestiones que afectan al sector como la del tacógrafo.
En concreto, y según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa, la FET se refirió a las dificultades que el tacógrafo está generando “directamente al sector del transporte e indirectamente al resto de los sectores productivos” de Canarias, entre los que citaron el turismo, el comercio, la industria o la construcción.
De ahí, que incidieran en la necesidad de una modificación para Canarias en cuanto a la legislación del transporte en lo que a la aplicación del tacógrafo se refiere y para ello apuntaron a que la normativa europea contempla la exención del uso del tacógrafo en territorios insulares de menos de 2.300 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, señalan que son los archipiélagos españoles en los “únicos de Europa donde se exige el uso de este sistema de control”.
Fomento implantó el tacógrafo a principios de 2010 y después de 18 meses el sector aseguró haber “detectado problemas en las islas”. Al respecto, incidieron en que la economía canaria depende de un turismo basado en la “flexibilidad de las empresas de transporte para atender una demanda cambiante” y, en este sentido, afirmaron que la normativa del tacógrafo “tiene rigideces que no encajan con la competitividad de Canarias”.
Hernández recordó que el Ministerio de Fomento se había comprometido a realizar los estudios y análisis que permitieran la adecuación de la normativa a la realidad de las islas. Asimismo, matizó que la competencia sobre el tacógrafo es del Gobierno central pero se comprometió a tratar el asunto en una próxima reunión con Fomento para encontrar una solución.
De todos modos, el consejero ha propuesto convocar reuniones con los representantes del sector, “a la mayor brevedad posible, para determinar de manera conjunta los pasos a seguir hasta alcanzar el objetivo de adaptar la Ley española a las especificidades de las islas”.
EL GASOIL SUBE UN 28%
Por otra parte, la FET también mostró su preocupación por “los problemas que está sufriendo” el sector a consecuencia del incremento del precio de los combustibles, subrayando que el combustible representa una tercera parte de los costes de explotación de las empresas de transporte y recordaron que el precio del gasoil ha subido un 28 por ciento en el primer cuatrimestre de 2011.
Al respecto, indicaron que mientras el combustible consumido por el transporte aéreo y marítimo está exento de impuestos, el gasoil que consumen las empresas de transporte terrestre continúa gravado con 0,071 euros por litro, más un 0,5 euros en concepto de AIEM (impuesto canario), supone un desembolso anual para los transportistas de unos 14 millones de euros.
Por ello, solicitaron la adopción de medidas tendentes a la equiparación impositiva del combustible destinado al transporte terrestre con el de los transporte aéreo y marítimo.
Ante este planteamiento, Hernández aunque recordó que fue su Gobierno el que “bonificó el impuesto sobre combustibles para el sector de transporte y agrario”, ofreció el apoyo del Ejecutivo canario para las iniciativas que puedan tender a la adquisición de combustibles en condiciones más beneficiosas, tales como centrales de compra o fomentar la implantación de nuevas tecnologías y medidas que aumenten la eficiencia energética, entre otras.
En dicho encuentro también se expuso el desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, sobre lo que el consejero indicó que los informes técnicos pertinentes a la situación de la formación en el transporte con la implantación progresiva del Certificado de Aptitud Profesional --CAP-- están siendo analizados, mientras que los empresarios solicitaron líneas de financiación.
