El Gobierno ve irregularidades en el traslado de tortugas a Fuerteventura
No se apaga la polémica sobre las caretta-caretta. El traslado de huevos de tortuga boba desde Cabo Verde para su reintroducción en Canarias no parece haberse hecho cumpliendo con todos los requisitos legales, como denunció en octubre de 2006 el PSC. El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, obligado a comparecer en el Parlamento canario, reconoció que el traslado se realizó sin el obligado certificado sanitario ni con la autorización de aduanas.
Con todo, Berriel defendió la iniciativa, pese a las irregularidades, por la urgencia biológica de depositar los huevos en Cofete. También citó “la actitud colonialista de algunos funcionarios”.
La respuesta del Gobierno, fechada en octubre de 2007, resulta tajante. Así, señala que “para la importación de determinados especimenes CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), se requiere la expedición de un permiso de importación y no de una autorización administrativa de importación”, como esgrimió Berriel en su comparecencia parlamentaria de 2006.
Tampoco se presentó ningún Documento Único Administrativo (DUA) de importación para los referidos huevos de caretta “al carecer del correspondiente Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE), documento sin el cual no se puede dar entrada a esta mercancía”.
El informe gubernamental solicitado por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados apunta igualmente que parte de los huevos “abandonó, sin permiso, el aeropuerto de Gran Canaria (primer aterrizaje) en helicóptero con destino a Fuerteventura, y otra parte fue intervenida por el inspector autorizado del CATICE (Centro de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior), procediéndose a la aprehensión de 441 huevos y la incoación de un expediente de infracción administrativa”. Se trata de una actuación de la Administración Tributaria sobre un contribuyente, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias.
El director general del Medio Natural del Gobierno de Canarias, Francisco Martín, argumentó a CANARIAS AHORA, en la línea de lo explicado en su día por Berriel, la premura para el traslado de los huevos por motivos de supervivencia de los mismos, a la vez que habló del “malentendido” producido en la aduana.
El documento elaborado por el Congreso recuerda que “para proceder a la importación de huevos de tortuga es necesaria la obtención del citado DVCE”, así como que “el sistema TRACES (base de datos de la UE que registra los DVCE) verifica que no existe ningún DVCE emitido de huevos de tortuga con origen en Cabo Verde”.
El delegado del Gobierno en Fuerteventura “estudia la posibilidad” de llevar ante la Justicia al Gobierno de Canarias
El delegado del Gobierno de España para Fuerteventura, Eustaquio Santana Gil, habida cuenta los informes aportados por el Gobierno central, está “estudiando la posibilidad” de denunciar ante la Justicia al Gobierno de Canarias, “por la presunta vulneración de la leyes establecidas. Un Gobierno deberá siempre ser el primero en dar ejemplo”.
En noviembre de 2006, -según el Diario de Sesiones del Parlamento-, siendo Santana Gil diputado por el Grupo Socialista, en la anterior Legislatura, el consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en su comparecencia, aseguró ante la Cámara Regional que el traslado de dichos huevos desde Cabo Verde hasta Fuertevetura “cumplían con todos los requisitos legales habidos y por haber”.
Para Eustaquio Santana “podría parecer que, escudándose en los huevos de tortuga y su salvación, y detrás de todo ello, haya otros negocios encubiertos, en Cabo Verde, por parte de afines a Coalición Canaria y su entramado. Si no, conociéndoles a priori, como especialistas en el cemento y depredadores del medio ambiente, allí donde ponen la mano, no se explica que, de repente, a los dirigentes de la citada formación política les entrara la vena ecologista, y, sobre todo, tratándose de dirigentes que jamás dan duros a cuatro pesetas”, concluyó.
