El Gobierno ha tramitado 30.000 expedientes sobre irregularidades en el territorio
El Gobierno de Canarias ha tramitado desde 1999, año de creación de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), 30.000 expedientes sobre irregularidades en el territorio del Archipiélago, informo este jueves Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno Autonómico.
Estos expedientes detectan infracciones urbanísticas, edificaciones irregulares en suelo rústico, vertidos incontrolados y otras infracciones medioambientales castigadas con multas y demoliciones, según explicó el consejero.
Berriel dice que la APMUN “cada día está siendo más eficiente” y que trabaja para “evitar las construcciones clandestinas y el daño al medio ambiente”.
El proceso desde que se incoa un expediente hasta que se produce la sanción suele ser “largo” y “complejo”, indicó Berriel, quién consideró que este tiempo “está justificado” si “se detecta a tiempo la infracción y se oferta al afectado una salida razonable” porque “si no le espera un calvario más caro”.
El consejero de Medio Ambiente hizo estas manifestaciones tras inaugurar la quinta edición de las Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (JIDEE).
Berriel estuvo acompañado por Jorge Bonnet, director insular de Paisaje del Cabildo tinerfeño, José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, y Sebastián Mas, subdirector general de Geomática del Instituto Geográfico Nacional.
Berriel aseguró que las infracciones urbanísticas en la construcción “han disminuido muchísimo” y la APMUN se dedica ahora más “a infracciones de tipo ambientales, como abandono de residuos o vertidos incontrolados”.
En el caso del sur de Tenerife, el trabajo es “delicado” porque se trata de un territorio donde abundan las zonas turísticas aunque en principio no se detectan “un grado especial de problemas”.
Sobre las viviendas irregulares que afectan a municipios de más de 80 habitantes, como Arona, Berriel destacó que las hay de tipo “históricas” que “pueden ser legalizables porque el terreno lo permite”.
El resto se depuraran a través de la APMUN“, indicó el consejero.
El JIDEE reúne hasta el 7 de noviembre a 300 expertos, que expondrán sus experiencias relacionadas con la información geográfica y estatal.
Las jornadas están organizadas por el Gobierno de Canarias, la Comisión Especializada de Infraestructura de Datos Espaciales del consejo Superior Geográfico y el Cabildo de Tenerife.
Berriel indicó que hace 10 años, la situación del planeamiento en la Comunidad Autónoma adolecía de “falta de precisión normativa que daba lugar a distorsiones y contradicciones” porque cada redactor incorporaba conceptos propios definiendo un planeamiento “impreciso, no homologable”.
Hace cinco años era “impensable” en España la Ley de Suelo que establece un sistema público general de información sobre suelo y urbanismo, dijo Berriel.
En 1994, el Gobierno de Canarias inició un proceso de planificación para ordenar y racionalizar la producción, distribución, explotación y mantenimiento de información geográfica.
Actualmente, el marco legal permite hablar de un sistema canario de planificación y control territorial “apto para desarrollar políticas a medio y corto plaza de conservación o rehabilitación de suelos y entornos urbanos”, agregó el consejero de Medio Ambiente.
El JIDEE servirán para convertir al Canarias “en una plataforma efectiva de intercambio de servicios, relaciones culturales y sociales que hagan posible el avance en el planeamiento territorial, urbanístico y de recursos naturales”, concluyó Domingo Berriel.
