La Guardia Civil señala a Lucas Bravo como presunto autor de cuatro delitos
Lucas Bravo (PP), alcalde de Santa Brígida, fue citado la mañana del 25 de octubre de 2007 a declarar, al día siguiente, en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, ante la unidad del Equipo contra el Crimen Organizado que investiga la presunta corrupción del ayuntamiento grancanario, como presunto autor de una prevaricación continuada, entre otros delitos, como concejal de Hacienda entre 2003 y 2005. La citación fue horas después revocada por el juez instructor, al mismo tiempo de las detenciones de los ex alcaldes de la Villa Carmelo Vega y Antonio Díaz y el ex concejal Luis Troya, en el marco de la Operación Brisan.
Así consta en las diligencias policiales remitadas por la Benemérita al juez del caso el 31 de octubre de 2007, en un informe exhaustivo sobre las líneas de investigación abiertas por el instituto armado al alcalde de Santa Brígida, en el que los investigadores consideran “suficientemente” acreditados los presuntos delitos cometidos por Lucas Bravo de Laguna, no sólo de de prevaricación continuada, sino de malversación, tráfico de influencias y un delito por supuesta compra de votos.
El informe fue redactado seis días después de que el juez desautorizara la citación al alcalde por parte de la Guardia Civil, entregada en mano a Lucas Bravo por agentes de la Benemérita la mañana del 25 de octubre y revocada por teléfono durante la tarde, tras la desautorización del juez a citar al alcalde como imputado no detenido, asistido de letrado, “hasta realizar una valoración posterior de los hechos investigados o ponderar si la citación se realizaría en sede judicial o policial”.
Participación directa en la 'trama de la ferretería'
Los investigadores del caso Brisan justificaron al juez Alberto Puebla, que dirige el caso desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que “quedó comprobado cómo en el periodo en el que por entonces concejal Lucas Bravo de Laguna ocupó la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida (periodo del 14 de junio de 2003 al 13 de septiembre de 2005) mientras ocupaba la alcaldía Carmelo Vega Santana; se cometieron gran parte de las graves irregularidades descubiertas en la investigación y supuestamente cometidas al amparo del seno del Ayuntamiento; teniendo estas un contenido económico y por tanto dentro de la parcela de afección de la citada Concejalía; que lejos de velar por los principios básicos que deben de regir sobre aquellas personas que manejan o administran caudales públicos [...]; dejaron que intereses privados prevaleciesen sobre los intereses públicos mediante la práctica endémica de constantes irregularidades y promoviendo la aprobación de gastos gravemente irregulares”.
La diligencia policial de la Guardia Civil acredita, a su juicio, el conocimiento de Lucas Bravo, desde la concejalía de Hacienda, de la aprobación de facturas a la ferretería Morales Ravelo e Hijos -junto a la ferretería Las Casillas, de Luis Troya, una de las partes del caso denominada la trama de la ferretería, frente a otra bautizada como la trama Carmelo Vega-, por medio de extractos de los plenos municipales en los que se denuncia el fraccionamiento de los pagos a la ferretería, que lleva a los investigadores del caso a afirmar que “la participación directa de Lucas Bravo de Laguna, en la aprobación de relaciones de facturas de la ferretería Morales Ravelo e Hijos mediante consejos de Gobierno, fue constante durante el periodo en el que ocupó la Concejalía mencionada [...]”.
Los investigadores aportan las declaraciones en el pleno municipal del 29 de enero de 2004, al respecto de dos facturas que suman 14.667,07 euros, “como claro ejemplo del fraccionamiento promovido por el concejal Luis Manuel Troya Ramírez, cuya aprobación del gasto fue consensuada en pleno y cuya propuesta de pago fue promovida y amparada por el entonces concejal Lucas Bravo de Laguna”, que fue advertido por el concejal, entonces en el PSOE y en la oposición, Antonio Ramírez, ahora en el grupo de gobierno del PP a través de Los Verdes.
Bravo replicó ese día a su ahora compañero de gobierno Ramírez que “son facturas de trabajos realizados en distintas concejalías y que, en su momento, no tenían partida presupuestaria”. El actual alcalde justificó que el concejal entonces socialista “había sumado el importe de todas las facturas” y que “en ningún caso las facturas no superaban el importe legal para poder encargar suministros”, afirmaciones que la investigación rebate con la aportación de documentos.
Es más, la Guardia Civil considera que Lucas Bravo pudo cometer otro presunto delito de prevaricación al instruir el expediente del caso denunciado por la oposición, en este caso por parte de la concejal de CC Victoria Casas, al limitarse en calidad de instructor del expediente a tomar declaración a Pedro Morales Déniz, propietario de la ferretería, y al concejal Luis Troya, “los cuales encubrieron los intereses comerciales existentes”, sin indagar más en el asunto denunciado en los plenos municipales.
Supuesta compra de votos electorales
Además, las diligencias policiales del 31 de octubre pasado recogen una supuesta compra de votos ordenada por Lucas Bravo de Laguna, a cambio de regalos de materiales de ferretería a particulares, durante el periodo preelectoral de las elecciones locales del 27 de mayo pasado.
En este caso, la Guardia Civil aporta su propia vigilancia operativa realizada el 4 de abril de 2007, en la que un vehículo del ayuntamiento con varios trabajadores municipales trasladó materiales de las empresas Prefabricados San Mateo y Ferretería José Rodríguez a cuatro viviendas particulares.
Las pesquisas de la Guardia Civil, directamente con una de las propietarias de las viviendas de Camino Tajinaste, en Pino Santo, determinaron que no había podido dar una respuesta convincente del origen de los materiales. Este vino a ser explicado por uno de los detenidos en la operación Brisan del pasado mes de octubre, el capataz Antonio Ventura, que ya había advertido a Victoria Casas (CC) su “preocupación” por las órdenes que recibía del alcalde Bravo para el reparto de materiales.
Antonio Ventura explicó en sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez instructor que Lucas Bravo ordenaba la entrega de esos materiales con la justificación de que eran destinados para un camino vecinal, pero el capataz se percataba de que el destino final no era el que decía el alcalde.
Estas actuaciones presuntamente ilícitas llevaron a la Guardia Civil a proponer al juez la imputación de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y contra la Ley electoral.
