Gustavo Matos recibe la Memoria de la Fiscalía, “una buena radiografía del año en Canarias”

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, recibe la Memoria de la Fiscalía, entregada por el fiscal superior de Canarias, Luis del Río

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, recibió este jueves al fiscal superior de Canarias, Luis del Río, quien le ha entregado la memoria correspondiente al ejercicio 2019. “La Memoria de la Fiscalía es una buena radiografía de lo que ocurre en Canarias cada año. Sus datos nos acercan con gran certeza a determinadas realidades que, sin este análisis, podrían pasar inadvertidas”, dijo Matos tras la entrega.

Señaló que Canarias, como el resto de España, está “en una situación complicada, con fenómenos sociales nuevos derivados de la actual crisis y que exige un trabajo de adaptación de la Fiscalía para responder a los desafíos”.

Por su parte, el fiscal superior destacó la función de “análisis, reflexión interna y autocrítica” de la Memoria. “Aporta transparencia de cara a la ciudadanía y persigue que se conozca la actividad del Ministerio Fiscal en Canarias”, dijo. Luis del Río recordó que la presentación de la Memoria Anual la prevén el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

 El documento ya ha sido registrado en la Cámara y se expondrá ante los grupos parlamentarios en comisión antes de final de año.

Del Río habló también, preguntado por los medios de comunicación en la Cámara, de la instrucción de obligado cumplimiento remitida por la Fiscalía por la que se establece el criterio general de no separar a los menores migrantes de sus familiares a su llegada a las costas canarias mientras esperan por los resultados de las pruebas de ADN. Explicó que esto será así “salvo excepcionales circunstancias en que haya indicios de actividades delictivas que justifiquen la separación o para hacer prevalecer el interés superior del menor ante una situación de peligro”.

El fiscal superior indicó que se ha dado “solución, desde el deber constitucional de velar por los derechos de la ciudadanía, a un problema de gran trascendencia por estar afectados menores migrantes cuyo único vínculo es el familiar con quien vienen”. Subrayó que se trata de “personas en una situación de especial vulnerabilidad”.

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