Iglesias instó al presidente, el consejero y técnicos a ''tomar interés'' por Anfi
El auto de la instructora de la pieza separada del caso Góndola, Margarita Varona, que no observa indicios de delitos del presidente del Gobierno, Adán Martín, y del consejero Domingo Berriel, recoge sobre las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía, que de ellas se concluye que el director general del gabinete de la Presidencia del Gobierno autónomo, Salvador Iglesias, que no es aforado, “insta de técnicos de la Administración, del consejero de Medioambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias”, Domingo Berriel, “y del propio presidente de la comunidad”, Adán Martín, “que se tomen interés en las propuestas que le han sido transmitidas por un empresario de la isla”.
“A raíz de la intermediación llevada a cabo” por Iglesias, añade el auto, “tanto” el presidente Adán Martín como el consejero Domingo Berriel “asumen el interés por el proyecto presentado por el mencionado empresario”, Santiago Santana Cazorla, presidente del Grupo Anfi, “al pedirles éste un empujón a su tema”. Sobre la actuación de Iglesias no entra a valorarla porque “no corresponde a esta Instrucción el valorar otros comportamientos de particulares que se mencionan en los testimonios”.
Tras examinar las conversaciones que tanto Martín como Berriel mantuvieron con Santana Cazorla, la instructora concluye que “no existe indicio alguno que evidencie que las referidas autoridades hayan podido cometer el delito de tráfico de influencias” ni que demuestre “que hayan influido, sugerido o instigado a cualquier otra autoridad o funcionario para que resuelvan el expediente que afecta a” Santana Cazorla “en el sentido por éste pretendido ni en ningún otro”.
“Lo único que puede darse por acreditado del contenido de las conversaciones telefónicas” es que tanto Martín como Berriel “se limitan a informar a Santana Cazorla de que se va a tratar de llevar a un Consejo de Gobierno la resolución de su solicitud de autorización de un número de camas turísticas”, las del proyecto Anfi-Tauro, relacionado con el supuesto caso de corrupción urbanística que se investiga en el municipio de Mogán.
El auto de Varona agrega que “en dichas conversaciones queda únicamente puesto de manifiesto el deseo de” Martín y Berriel “de que el asunto quede resuelto antes de que concluya la presente legislatura, aspiración, por otra parte, legítima tanto para el político gobernante como para el administrado y se informa al interesado, y se informa al interesado que su petición habrá de ser remitida posteriormente al Parlamento”.
El secreto de sumario “ha debido de ser vulnerado” y el juez debió investigar antes de remitir al TSJC
Varona llama la atención en su auto respecto a que el secreto de sumario decretado para este caso “ha debido de ser vulnerado por quien o quienes, de una forma u otra, han podido tener relación con las referidas actuaciones, como evidencian las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación”.
Además, considera que, de acuerdo con la actuación del magistrado de San Bartolomé de Tirajana “no se ajusta a la normativa que se establece en el artículo 759 de la L.E. Criminal, puesto que, conforme a dicho precepto, la apertura de la pieza separada por el Juzgado de Instrucción hubiera debido dar lugar a una investigación judicial si así se entendía necesaria y a la práctica de todas aquellas diligencias de investigación que fueran oportunas, con la única excepción de la declaración judicial de los aforados, y, concluída en su caso aquella investigación, si el Instructor apreciaba indicios de delito cometido por persona o personas aforadas, entonces hubiera debido elevar a esta Sala un informe razonado en el que se expusiera al Tribunal no sólo la existencia de indicios contra personas aforadas, sino también si dichos indicios tenían la trascendencia jurídico penal que justificara la declaración y asunción por el Tribunal de su propia competencia[...]”.
Varona archivó este jueves las diligencias previas incoadas por la Sala de lo Civil y Penal “por no ser constitutivos de delito los hechos referidos” en los testimonios incluidos en ella.
Este martes, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó una resolución por la que incoaba diligencias previas de la pieza separada que recibió el pasado 9 de febrero del Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, que investiga el caso Góndola, y que podría afectar a miembros del Gobierno canario.
Además, se dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la competencia de dicha Sala para investigar al presidente del Gobierno canario, Adán Martín, al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Domingo Berriel, y al director del gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias.
El miércoles, la Fiscalía del TSJC informó de que “no se aprecian indicios suficientes de la comisión de hecho delictivo contra persona aforada alguna” en la pieza separada enviada por el juez que investiga el caso Góndola.
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