IU insta al Gobierno a interponer un recurso de anticonstitucionalidad contra el catálogo canario de especies amenazadas
El partido se apoya en una prerrogativa excepcional por la que el Estado podrá impugnar ante el TC la resolución adoptada por el Gobierno de Canarias
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 (EUROPA PRESS)
Izquierda Unida Canaria (IUC) impulsará una serie de iniciativas parlamentarias con el objeto de que se declare anticonstitucional el nuevo catálogo canario de especies protegidas y frenar así el inicio de las obras del futuro puerto de Granadilla, tal y como informaron en rueda de prensa el miembro de la dirección insular de IUC, José Pérez Ventura, y el coordinador de la Asamblea Comarcal Tenerife Sur de IUC, Toño Linares.
La primera de esas iniciativas, explicó Ventura, será dirigir una pregunta al Gobierno de la Nación a través del diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, por la que se insta al Ejecutivo a que interponga un recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley del catálogo canario de especies amenazadas. Para ello, Izquierda Unida se basa en el artículo 161.2 de la Constitución Española, que dispone una prerrogativa excepcional por la que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
En este sentido, José Pérez Ventura entiende que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “no sólo tiene que interponer este recurso de anticonstitucionalidad, sino que también tiene que acordar la suspensión acogiéndose al citado artículo”. “Por tanto, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno de la Nación y en el Partido Socialista”, recalcó.
Otra de las iniciativas que impulsará IUC será pedir una entrevista “al más alto nivel” con el Defensor del Pueblo, ya que es otro de los sujetos legitimados para interponer un recurso de anticonstitucionalidad. Asimismo, Izquierda Unida también interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue el acto mismo por el cual se aprobó el nuevo catálogo, por si los diputados que han votado a favor han podido cometer un delito de prevaricación. De la misma manera, el partido pedirá que los parlamentarios “renuncien a su aforamiento por lo actos realizados porque Si ellos tienen la conciencia limpia, respondan como cualquier ciudadano ante la justicia ordinaria”, agregó Ventura.
“DESCATALOGACIÓN DE LA DEMOCRACIA”
Todas estas propuestas, según el miembro de la dirección insular de IUC, se basan en que la aprobación del catálogo significa “la descatalogación de la democracia” porque “no es una ley que se haya dictado en función del interés general con la intención de proteger la biodiversidad de Canarias, sino que ha sido diseñada para eludir las trabas legales que impedían la construcción del puerto de Granadilla”. “Es este interés bastardo el que ha movido todo el proceso conducente a la aprobación de la Ley”, remarcó.
“Cuando son los tribunales los que aplican las reglas del juego, lo que hacen CC y PP es cambiarlas, lo que demuestra lo mal jugadores que son y cuál es su concepto de la democracia”, señaló Ventura, quien advirtió que si “no se da una respuesta contundente, no será extraño que dentro de unos años CC y PP aprueben leyes como las que está aprobando Berlusconi en Italia”. “Por tanto, la Ley del catálogo es el primer paso hacia la 'berlusconización' de la política canaria”, apostilló.
Para el portavoz de IUC, los diputados canarios, al haber votado favorablemente al nuevo catálogo, reflejan que “no son más que los testaferros de quienes gobiernan y mandan en Canarias; ni representan, ni defienden los intereses del pueblo canario sino los de quienes financian sus campañas electorales, algo que la ciudadanía tiene cada vez más claro”.
Por todo ello, el coordinador de la Asamblea Comarcal Tenerife Sur de IUC, Toño Linares, llamó a los ciudadanos a la movilización para “luchar y defender una democracia que se están cargando cada día” en una manifestación que tendrá lugar el próximo 26 de junio e impedir así que “se descataloguen los escasos recursos de democracia que quedan”.
