IUC amplía su denuncia contra Berriel por la descatalogación ''ilegal'' de sebadales
Izquierda Unida Canaria (IUC) informó este domingo que ha ampliado mediante escrito la denuncia que presentó el pasado 17 de febrero ante la Fiscalía General del Estado, en Madrid, contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, por presuntos delitos contra el medio ambiente, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Según destaca en un comunicado, Izquierda Unida con este escrito de ampliación de denuncia pone en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los datos e informaciones más precisas que la federación ecologista Ben Majec-Ecologistas en Acción han recabado y que refuerzan jurídicamente las presuntas ilegalidades en el proceso previo de descatalogación que ha conducido al inicio de las obras del Puerto de Granadilla.
La formación progresista reitera que la desprotección de los sebadales, ordenada por el consejero de Medio Ambiente, se hizo a partir de un informe, opuesto a tal desprotección, del Servicio de Biodiversidad. Un informe que, tal y como recuerda IUC, rechazaba la propuesta de descatalogar los sebadales, ubicados en el lugar en que se construiría el puerto granadillero, porque tal propuesta no se ajusta a las dos posibilidades de descatalogación que ofrece la ley (desproteger la especie o una determinada población, pero no una zona delimitada en función de criterios no naturales).
En tal sentido, prosigue IUC, la orden dictada por Berriel omite deliberadamente aquel párrafo del Informe en el que se indica que la descatalogación “ni obedece a razones o motivos relacionados con la biología de ésta o cualquiera otra especie. De hecho, no hay razones biológicas ni de conservación de la especie que justifiquen la descatalogación” siendo así que desde que internamente, en el seno de la Consejería de Medio Ambiente se conoce el contenido dispositivo de la orden, se emite nota interna firmada por los dos técnicos autores del informe previo, en la cual hacen constar dicha expresa eliminación sin que se rectificara la misma, y ello, con la intención de alterar y cambiar el sentido del mismo.
La coalición de izquierdas ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que, dada la gravedad de los hechos y el daño ecológico irreversible que se podría causar, promueva judicialmente la suspensión cautelar urgente de las obras en vía penal al amparo del artículo 339 del Código Penal, medida de protección esta que vendría a complementar y reforzar la suspensión cautelar que confiamos acuerde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en vía administrativa.
Para Izquierda Unida Canaria la conducta de Berriel es “indigna e incompatible con una democracia homologable” por lo que exige al Presidente del Gobierno, Paulino Rivero, la destitución inmediata del consejero de Medio Ambiente a riesgo de convertirse en corresponsable político de esa ilegal decisión que llevó a la descatalogación de los sebadales del área afectada por la obras.
Finalmente, para IUC, la aparente despreocupación que ha mostrado el consejero Berriel por la denuncia que le ha sido presentada es una muestra más de hasta dónde ha llegado su “pérdida de conciencia acerca de lo qué es o no lícito, conciencia que confiamos irá recobrando a medida que la Fiscalía y la Justicia actúen”.
