IUC propone un plan de choque para las pymes
Izquierda Unida Canaria ha anunciado este viernes que defenderá un plan de choque de apoyo a los autónomos canarios y a las empresas de hasta 9 trabajadores, el 94,6% del total, para hacer frente a la destrucción de empleo que han sufrido durante la crisis.
“De mayo de 2008 a junio de 2011, Canarias ha perdido al 9,5% de sus autónomos, en un contexto agravado por el hecho de que las administraciones públicas les deben 507 millones de euros”, relata en un comunicado la formación.
IUC propone subvencionar, durante dos años, el contrato fijo al primer trabajador para la pequeña empresa y los autónomos con hasta 10.000 euros durante todo el período. También aboga IUC por cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las administraciones públicas que den prioridad a pequeñas empresas y autónomos y a la calidad del empleo.
La formación progresista señala que la propuesta de implantar progresivamente la jornada laboral de 35 horas supondría crear casi 20.000 empleos en Canarias. Para ello, se establecería un programa de compensaciones a pequeñas empresas y autónomos.
Otra de las propuestas de IUC es crear una cuenta fiscal que asegure el cobro de las deudas de las administraciones públicas con los proveedores, una vez pasado el límite de 30 días, a partir de las deudas o entregas a cuenta del IVA, IRPF o Sociedades. Asimismo, IUC plantea retrasar la obligatoriedad del ingreso del IVA hasta que la factura haya sido cobrada.
La formación de izquierdas también considera que la financiación de autónomos y pequeñas empresas debe ser una línea de actuación prioritaria del ICO y que, asimismo, el Gobierno deberá exigir a las entidades financieras avaladas por el Estado un programa de crédito a pequeñas empresas y autónomos equivalente al volumen de los avales.
Por último, afirma que tiene programa y alternativa al modelo de recortes de PP, CC y PSOE, que pueden llevar a España y a Canarias a una recesión económica. Los costes de la alternativa se sustentarían en las propuestas de lucha contra el fraude fiscal, reducción de exenciones y deducciones que no crean empleo e incremento de la progresividad fiscal para que los adinerados contribuyan como lo hacen en otros estados europeos.
