Jóvenes con discapacidad intelectual exigen a los candidatos al Parlamento de Canarias una vida en comunidad más entendible e igualitaria

Jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo exigen a los candidatos al Parlamento de Canarias que les permitan desarrollar una vida en comunidad más entendible y similar a la del resto de la población, algo que, en gran medida, “pasa por hacer cumplir leyes existentes y también por arbitrar nuevas estrategias inclusivas transversales”.

Así ha quedado de manifiesto en el debate organizado por Plena Inclusión, organización que agrupa a 27 entidades de la discapacidad intelectual y del desarrollo en las islas, donde siete jóvenes han interpelado a candidatos del PSOE, CC, Unidas Sí Podemos, NC y PP al Parlamento canario sobre cuestiones que hacen más difícil su día a día en materia de accesibilidad, empleo y formación, salud o vida en comunidad.

Esta iniciativa, que Plena Inclusión repetirá en La Palma, Tenerife y Lanzarote y que se promociona en redes sociales con la etiqueta #Mivotocuenta, reivindica unas elecciones más fáciles y entendibles para este colectivo y promueve su participación activa en el desarrollo de la campaña electoral.

Y en esta primera ronda los intervinientes hayan puesto contra las cuerdas a Elena Máñez (PSOE), José Joaquín O'Shanahan (Unidas Sí Podemos), Natalia Santana (NC), Poli Suárez (PP) y Vidina Espino (CC) a la hora de hacerles ver los obstáculos que se encuentran cotidianamente.

Perderse en hospitales, bancos o centros comerciales por la ausencia de señales de lectura fácil que hagan más comprensibles esos espacios, no poder entrar en lugares deportivos o de ocio, contar con aceras y baños adaptados, poder usar un transporte público que les informe de dónde están, qué guagua cogen y cuándo pasa la siguiente y en el que los conductores respeten sus tiempos, y que la Administración ofrezca una atención telefónica y citas previas electrónicas más accesibles han sido algunas de las reivindicaciones planteadas por Antonio y Melania.

A ellos se han unido Nerea y Esther, quienes han dejado claro que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo “quieren y son capaces de estudiar y trabajar”, para lo que reclaman que los profesores estén formados y conozcan las limitaciones que afectan a sus habilidades, de forma que tengan en cuenta lo que necesita cada alumno para poder progresar.

“No nos gustan las opciones que nos dan: auxiliar de peluquería, agricultura o grabación de datos, queremos poder elegir lo que queremos estudiar, como el resto de alumnos, que esos estudios estén adaptados a nuestras necesidades y más especialidades de FP adaptada”, ha enumerado Esther, que también ha reclamado que los apoyos al colectivo no acaben en Primaria, sino que se extiendan a Secundaria y Bachillerato para que pueda seguir estudiando.

Unos procesos de selección y unos puestos de trabajo, públicos y privados, adaptados a las personas con discapacidad intelectual y que se cubra para ellas la reserva del 2% del empleo en el sector público también son demandas de este colectivo.

Salvador y Elena han pedido a los candidatos que trabajen para reducir las esperas en atención temprana o logopedia, que haya más atención pública a la salud mental, que los médicos se dirijan a ellos, y no a sus acompañantes, que el personal de los centros médicos entiendan cómo se sienten y respeten sus tiempos y que se les garantice por ley la administración de anestesia más allá de los 14 años en consultas de digestivo o en el dentista.

En este cara a cara con futuros parlamentarios regionales Pablo y Óscar también han recalcado que los discapacitados intelectuales “quieren vivir en comunidad, con quien quieran, y no con quienes les dicen ni en una residencia con 30 o 40 personas más”, por lo que han reclamado el acceso a alquileres sociales porque con sus pensiones de 350 euros les es imposible vivir en casas de promoción privada.

Que se ponga en marcha en Canarias el servicio de asistencia personal de la Ley de Dependencia o que la Administración pública sea más cercana a las personas con discapacidad intelectual a las que tutela para responder más rápidamente a sus demandas y evitar que pierdan la oportunidad de participar en la vida comunitaria ha sido otra de las peticiones formuladas a los candidatos de estas cinco planchas electorales.

La respuesta de los diputados

Como respuesta, Vidina Espino (CC) ha insistido en la necesidad de que se cumpla la Ley de Accesibilidad y que se sancione a quien no lo haga, y Elena Máñez (PSOE) ha abogado por actualizarla para adaptarla a las nuevas barreras que afectan a todas las personas y ha anunciado que a final de año se pondrá en marcha en Canarias la primera oficina de empleo plenamente accesible para todas las discapacidades.

Poli Suárez (PP) ha apostado por cambiar la Ley de Transporte de forma que municipios como Moya, con 8.000 habitantes, tengan taxis adaptados. Natalia Santana (NC) ha propuesto llegar a la accesibilidad universal y José Joaquín O'Shanahan (Unidas Sí Podemos) ha pedido que el poder de decisión sobre ésta y otras cuestiones baje hasta el barrio, de forma que se gestione por “súpermanzanas”.

En empleo y formación el PP ha planteado la necesidad de facilitar la incorporación laboral de los discapacitados intelectuales, no solo a diez días de las elecciones, sino dando ayudas e incentivos fiscales a las empresas que los contraten “porque no son una carga” y NC apuesta por que la educación inclusiva llegue hasta la FP dual.

Unidas Sí Podemos aboga por ayudar desde los cabildos a las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro para que tengan más estabilidad, CC se compromete a garantizar plazas de formación para el colectivo a partir de los 21 años y el PSOE a promover una ley integral de derechos de las personas con discapacidad, con dotación presupuestaria y visión integral.

En materia sanitaria, NC cree que es necesario una transformación del sistema público que evite que haya que ir a la privada para ser atendido por un logopeda o pedagogo, una idea que comparte Unidas Sí Podemos, que cree que los centros de salud deben atender a 25.000 usuarios y ampliar su cartera de servicios con logopedias, terapia ocupaciones o psicoterapia.

Por su parte, CC se compromete a abrir veinte nuevas unidades de atención temprana, el PSOE apuesta por que las familias estén representadas en el comité de participación del paciente y el PP propone separar las direcciones generales de dependencia y discapacidad y que ésta última sea un eje vertebrador de todas las áreas del Gobierno canario.

Para facilitar la vida en comunidad de estas personas, Unidas Sí Podemos apuesta por que el área de Derechos Sociales del Ejecutivo regional tenga más presupuesto, estabilidad y personal cualificado para hacer cumplir las leyes, CC por que tengan prioridad a la hora de acceder a una vivienda pública y que la Ley de Dependencia les ofrezca los servicios que demandan, en lugar de ayudas de entre 180 y 300 euros.

El PSOE por que se haga realidad la figura del asistente personal y se ofrezca a los cuidadores de estas personas medidas de respiro familiar, el PP aboga por facilitarles su inclusión social, más que tutorizar o teledirigirles desde las instituciones y NC ha prometido darles voz y propiciarles soluciones reales, como ayudas al alquiler más cuantiosas y de tramitación ágil.

Solo el PSOE y NC se han comprometido con Plena Inclusión a editar sus respectivos programas electorales de cara al 28M en formatos de lectura fácil.