La Justicia anula el recorte en el plan de pensiones de la plantilla municipal de la capital grancanaria
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la decisión del Ayuntamiento de la ciudad de no realizar aportaciones al plan de pensiones de los empleados municipales durante 2015, al no encontrar justificado ese recorte.
El Consistorio había tomado esa medida dentro del plan de ajustes que había instaurado para corregir su déficit público y disminuir los plazos en los que paga a sus proveedores, siguiendo las instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda a todos los ayuntamientos del país para que sanearan sus cuentas.
La sentencia recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público determina que los acuerdos firmados por las administraciones con sus trabajadores son de obligado cumplimiento, salvo que concurra “causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”
Sin embargo, el juez entiende que este no era el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2015, porque existe un informe del interventor municipal que acredita que en los tres años anteriores ya se habían cumplido los objetivos de reducción de gasto en personal marcados por el plan de ajuste del Consistorio.
Además, apuntaba que el Ayuntamiento de la ciudad ya había cumplido en 2013 con el objetivo de estabilidad presupuestaria exigido por el Gobierno y, en 2014, hizo lo mismo con la regla de gasto fijada para todas las administraciones públicas.
El interventor precisaba que, si no se retiraba la aportación del Consistorio al plan de pensiones de su plantilla, la capacidad de financiación del Ayuntamiento “iba a disminuir”, pero a pesar de todo la corporación cumpliría con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto.
A la vista de ese informe, el juez considera que el Ayuntamiento “no ha acreditado que concurra el interés excepcional general que justifique la suspensión de acuerdos” con su plantilla, en los términos que exige el Estatuto del Empleado Público.
En un comunicado conjunto, UGT, CSIF e Intersindical Canaria celebran que los juzgados hayan vuelto a fallar a favor de los empleados del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que “se han visto seriamente perjudicados por las políticas de recortes que se han desarrollado en este municipio durante los últimos cinco años”, denuncian.
Los tres sindicatos lamentan que “los problemas laborales” que, a su juicio, generó el PP se tengan que resolver “a golpe de sentencia” y critica el “nulo interés” que dicen haber encontrado en el nuevo equipo de gobierno (PSOE, NC, Las Palmas Puede) para corregir “estas tropelías”.
