Justicia y Sociedad presenta la denuncia por el 'Bragagate'
Justicia y Sociedad ha llevado el caso bragagate a la Fiscalía Anticorrupción. El colectivo de juristas explica en su denuncia que el uso del PP de Santa Cruz de la subvención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los diferentes grupos políticos municipales para comprar bragas, botellas de alcohol o costear estancias en hoteles “en sí mismo no constituye delito (aunque debiera)” sino “una forma ilegal de financiación”, puesto que “la vigente Ley de partidos políticos permite que las asignaciones de los grupos municipales puedan considerar ingresos de los partidos políticos”.
Sin embargo apuntan los juristas que en la ley vigente en el momento en que se efectuaron los gastos “no podían utilizarse para atender gastos propios, ni transferirse, ni ingresarse en los partidos políticos”. Así, Justicia y Sociedad concluye diciendo que “no toda forma de financiación ilegal de un partido es delictiva si bien hay tipos delictivos que pueden convertirse en medio de financiación ilegal de un partido”.
Para los juristas la conducta penalmente relevante han sido “los medios, las formas y los modos en que se trató de aparentar fraudulentamente la regularidad del gasto realizado con la intención de engañar y burlar a los órganos de fiscalización interna”. Es por ello que los hechos podrían constituir, de entenderse que los gastos justificados eran reales (algo que han desmentido los dirigentes del PP) se podría estar hablando de una malversación de caudales del artículo 433 del Código Penal. Si como han reconocido se presentaron facturas justificativas de gastos distintos de los realmente realizados como modalidad fraudulenta, podría ser una infracción del artículo 438 y/o delito de falsificación en documental del artículo 390.1 4º del Código Penal.
Justicia y Sociedad explicó que “si bien se puede confundir a Bill Gates con el Watergate, hacer confundir lo lícito de lo ilícito no es asumible en un Estado de Derecho”, en referencia a la confusión de la presidenta del PP tinerfeño en una entrevista hace unos días.
Los juristas denuncia la conducta de los miembros del PP de la capital tinerfeña, apuntando que “si bien esto no es Sicilia, lo cierto es que cada vez más la situación se parece a la Marbella de Jesús Gil”. Justicia y Sociedad critica que el Ayuntamiento de Santa Cruz sea “una de las capitales del Estado con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción”.
