Justicia y Sociedad tacha de ''ilegal y vergonzoso'' el convenio entre la ULL e Inversiones Las Teresitas
La Asociación Justicia y Sociedad, que integra a más de un centenar de juristas de las siete islas entre abogados, procuradores, profesores universitarios y personal de la administración de Justicia, califica de “ilegal y vergonzoso” el “convenio de investigación” suscrito entre la Universidad de La Laguna (ULL) e Inversiones Las Teresitas para el asesoramiento en materia de Derecho Penal y Urbanismo.
Para la asociación de juristas, la noticia difundida en los últimos días “constituye uno de los mayores escándalos” en los que se ha visto involucrada la Universidad de La Laguna en su dilatada historia“. El colectivo progresista recuerda que el denominado Convenio de investigación entre Inversiones Las Teresitas SL y la Universidad de La Laguna para el asesoramiento en Derecho Penal y Urbanismo, suscrito entre el rector y los representantes legales de Inversiones Las Teresitas el pasado 16 de abril ”atenta y vulnera la función social que debe desempeñar la Universidad pública en el Estado social y democrático de derecho que la Constitución proclama“.
A su juicio, este acuerdo “vulnera el fin que todo convenio entre la Universidad y una entidad privada debe prevalecer y ser respetado, según la Ley de Universidades, donde se expone que ha de ser una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad”. En la norma, añade, se indica que “constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico”.
Justicia y Sociedad recuerda, asimismo, que uno de los objetos del convenio en cuestión es el asesoramiento jurídico e informes sobre la trascendencia penal de actividades relacionadas con negocios urbanísticos, “lo que, de por sí, es grave y escandaloso, teniendo en cuenta que en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se siguen las Diligencias Previas núm. 17/06, por delito, entre otros, de malversación de caudales públicos, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, contra Antonio Ramón Plasencia Santos e Ignacio Manuel Cándido González Martín, propietarios de la sociedad y personas éstas que en realidad dirigen y controlan la entidad Inversiones Las Teresitas SL”.
“Siendo así que los que suscriben el convenio cuestionado en representación de dicha entidad mercantil son personas directamente allegados a los mismos”, precisa la Asociación, que insiste en que la firma de dicho convenio es “reprobable por razones legales, éticas y estéticas”.
En términos de legalidad, continúa, el convenio, “mal llamado de investigación, encubre realmente un contrato de servicios de asistencia jurídica a través del cual se pretende utilizar los informes que emitiría un profesor de derecho penal, con el aval de la Universidad pública de La Laguna, para la única y exclusiva defensa del interés privado y egoísta de los imputados en aquella causa penal seguida en su contra por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por delitos públicos que además representan graves atentados al interés general y público (prevaricación y malversación de caudales públicos)”.
El colectivo hace hincapié en que estos “fines espurios, alejados de la finalidad legalmente establecida para estos convenios en la Ley de Universidades, determina que el citado convenio esté inmerso en una causa de anulación, prevista en el art. 63.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por incurrir en desviación de poder y fraude de ley, prohibidos por el art. 6.4 del Código Civil”.
Asimismo, para Justicia y Sociedad, el convenio “podría transgredir la Ley de Incompatibilidades, ya que, por su objeto, constituye un contrato idéntico en contenido a las denominadas hojas de encargo profesional por las que un cliente encarga la asistencia legal y defensa de sus intereses a un abogado, actividad ésta que el profesor de Derecho Penal Esteban Sola, solicitante y beneficiario del convenio, no podría desarrollar al tener dedicación exclusiva a la docencia universitaria”.
Por ello, Justicia y Sociedad anuncia que pondrá el expediente en conocimiento de la Alta Inspección del Ministerio de Educación por si se hubiese vulnerado la Ley de Incompatibilidades. Del mismo modo, se dará traslado del convenio referido al Consejo General de la Abogacía y sus servicios jurídicos por si constituyeran una práctica de competencia desleal o intrusismo no amparada legalmente.
“Falta de ética”
Para Justicia y Sociedad, la firma del convenio “está alejada de la más elemental ética, resultando, además, rechazable desde un punto de vista estético, pues la ética implica límites en el desarrollo de una actividad, en este caso, de asistencia técnica, en función de determinado principios y valores”. En tal sentido, considera que el hecho de que un profesor de Derecho Penal asista técnicamente a una empresa de forma genérica y preventiva, es decir, con carácter previo a la realización de determinadas conductas u operaciones indicando qué aspectos pueden tener relevancia penal y cuáles no “entra dentro de los límites éticos y legales permisibles para este tipo de convenios”.
Remarca además que, de cometido un grave delito, de forma concreta y orientado a su defensa penal, se firme un convenio de asistencia técnica, “supone una clara y evidente trasgresión de esos límites éticos básicos, ya que, de aceptar que ello es posible ética y legalmente, convertiríamos a los departamentos de Derecho Penal de las universidades en algo muy distinto a la que debe ser su función educativa y social”.
Justicia y Sociedad considera “evidente” que las universidades “no están para asesorar a delincuentes y, de no ser así, grata sería la sorpresa que se llevarían aquellos internos en Tenerife II que, por supuesto, puedan pagar 10.000 euros al profesor de turno”. La Asociación señala que “no debe ser intenso el esfuerzo intelectual a realizar para comprender que no es aceptable que un profesor de una universidad pública, con dedicación exclusiva, retribuido con el dinero de todos para desarrollar una actividad educativa y social, cuya formación, en gran parte, ha sido pagada con dinero público, se dedique a asesorar la defensa penal de las personas y empresas imputados judicialmente por graves delitos contra el interés público, en este caso, se dedique a evitar que asuman su responsabilidad en el mayor delito de malversación de caudales públicos de la historia del municipalismo en España, como sucede en el llamado caso de Las Teresitas”.
Los miembros de Justicia y Sociedad expresan su “sorpresa y estupor” por este convenio firmado por el anterior rector, Ángel Gutiérrez, así como por la “defensa numantina” que ha hecho del mismo el actual rector, Eduardo Doménech, mediante un comunicado oficial “y que sólo cabe entender desde el corporativismo y gremialismo que tanto perjudica a una institución que por naturaleza debe ser permeable a la crítica, propia y ajena, y a la rectificación como es la Universidad, así como la defensa de la ética; sorpresa por la rápida reacción defensiva del Rectorado cuando en casos de ataques absolutamente insultantes hacia miembros de la comunidad universitaria por su defensa del medio ambiente, sin cobrar un euro, dicho Rectorado ha tardado bastante en reaccionar, amparándolos con bastante tibieza”.
También ve “sorprendente” que se haya “faltado a la verdad, con voluntad de manipular a la ciudadanía, desde el Rectorado en su comunicado de prensa al afirmar que la Intervención de la Universidad no planteó reparo alguno al convenio, ocultando deliberadamente que la interventora, si bien no lo reparó formalmente, si lo hizo desde un punto de vista material al expresar, literalmente, que 'se advierte que es público y notorio, por haber aparecido tal noticia en los medios de comunicación, que la empresa contratante (Inversiones Las Teresitas SL) está incursa en un proceso penal abierto por acusación del Ministerio Fiscal dirigido contra los accionistas y administradores de dicha sociedad, por lo que pudiera no parecer oportuna la firma del contrato en cuestión, cuyo objeto es el asesoramiento jurídico sobre la trascendencia penal de actividades relacionadas con negocios jurídicos y sobre la trascendencia jurídica de convenios urbanísticos entre la Administración Pública y empresas privadas, lo cual constituye precisamente el tema objeto del proceso penal en curso'”.
Por todo ello, Justicia y Sociedad hace un llamamiento a toda la comunidad universitaria (Consejo de Gobierno, Consejo Social, Claustro Universitario y, fundamentalmente, profesores universitarios de toda condición, estudiantes y Personal de Administración y Servicios), así como a los representantes políticos y sindicales, para que utilicen todas las vías que administrativa, judicial, social y políticamente procedan para dejar sin efecto el convenio que se cuestiona y depurar las responsabilidades que fueran procedentes.
“De no ser ello así, pasará ese episodio a la historia más humillante de la Universidad española, junto con otros, como el doctorado honoris causa concedido por la Universidad Complutense a Mario Conde”, expresa, concluyendo que, para la Asociación, la Universidad de La Laguna y su comunidad universitaria “no merecen tener que pasar por el trance de semejante bochorno y descrédito social”.
