Lanzarote pide que las medidas urgentes no atenten contra la legalidad
El gabinete científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote recabó hoy el apoyo del presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, para que el proyecto de ley de medidas urgentes “no atente” contra la defensa de la legalidad urbanística que promueve el Cabildo de dicha isla.
Esta petición fue defendida este viernes por los miembros del citado gabinete Faustino García Márquez, Antonio González Vieitez, José Luis Rivero y Lázaro Sánchez Pinto, quienes se reunieron con el presidente de la Cámara regional y le entregaron un comunicado de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote sobre este asunto.
Asimismo facilitaron al presidente del Parlamento canario el documento del Cabildo de Lanzarote “Legalidad urbanística. Efectos de las sentencias que anulan licencias turísticas”, que está disponible en Internet y que explica la decisión de la corporación insular de impugnar licencias turísticas para casi 12.000 camas.
Estas impugnaciones han sido respaldadas por los tribunales de justicia en sucesivas sentencias firmes, por las que se declaran nulas las licencias de veintidós establecimientos con una capacidad alojativa de casi 10.000 plazas.
El gabinete científico explica en su comunicado que la primera solicitud de apoyo y colaboración en este aspecto debe plantearse “ante la máxima institución democrática de Canarias” porque la Reserva de la Biosfera “en este crucial momento” necesita “de un apoyo institucional claro”.
Para lograrlo “es obvio que las instituciones regionales no pueden adoptar medidas que debiliten la fuerza de estos instrumentos o las competencias territoriales del Cabildo y se debe desechar cualquier propuesta que pueda desbaratar la defensa de la legalidad y la ordenación insulares que han sancionado repetida y sistemáticamente los tribunales de justicia”, explica.
En particular reclama que se evite “todo proceso de regularización indiscriminada que permita hacer rentable la ilegalidad y al mismo tiempo, burlar a la justicia”.
“Sería demoledor para la credibilidad ciudadana en el Estado de Derecho que se ponga en pie de igualdad a los beneficiados por las licencias ilegales anuladas con quienes cumplieron escrupulosamente con la ley” y con el Plan de Ordenación insular, añade.
Los científicos apuntan que la isla necesita “la cooperación activa” del Parlamento para articular “las mejores soluciones y los límites más claros, el interés más transparente” y entienden que el Parlamento está “especialmente llamado” a definir y dar respaldo a las mejores soluciones para “administrar y gestionar la situación”.
Asimismo apelan “a la responsabilidad y la conciencia de todos y cada uno de los parlamentarios canarios” para que apoyen y colaboren activamente “en ejercicio de su misión democrática y representativa” en este empeño por consolidar un futuro “más justo, legal, claro, racional y sostenible” para Lanzarote.
Antonio González Vieitez, que fue consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, explicó que el Cabildo de Lanzarote defiende la legalidad en la ordenación del territorio desde hace veinticinco años y ha mantenido “fuertes conflictos” con el Ejecutivo regional por este asunto.
Precisó que en una de las disposiciones adicionales del proyecto de ley de medidas urgentes para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo se establece que los informes de los cabildos en este asunto ya no serán vinculantes, sino meramente consultivos, lo que puede “vulnerar” la actuación del Cabildo de Lanzarote respecto a las licencias turísticas.
Por este motivo el gabinete científico de la Reserva de la Biosfera entiende que la legislación no puede “conculcar” la posición del Cabildo de Lanzarote, una institución que “por primera vez” en Canarias no ha hecho las cosas “de noche y sin luz”, sino de forma transparente.
Al respecto, Faustino García Márquez consideró que sería “suicida” que la postura del Cabildo terminase “en una chapuza” ya que por primera vez ha puesto a disposición de la sociedad “con absoluta claridad todos los antecedentes” en materia de infracciones urbanísticas “con transparencia y rigor técnico”.
Ello supone una garantía de que este proceso no va a quedar frustrado, apuntó el ex director de la Agencia Canaria contra el Cambio Climático.
José Luis Rivero, quien fue presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, sostuvo que es natural que haya desconfianza pero mostró su convencimiento de que el Cabildo de Lanzarote va a cumplir su compromiso y si no lo hiciera, añadió, la Reserva de la Biosfera “va a hacer pública su opinión”.
