El 97% del litoral canario ya cuenta con deslinde marítimo-terrestre, cinco puntos más que la media nacional
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 (EUROPA PRESS)
La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín, comentó hoy, en el marco del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico --que se celebra en la capital tinerfeña, en el recinto TEA Tenerife Espacio de las Artes--, que en los litorales de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife ya está hecho el deslinde marítimo-terrestre en el 95,53% y el 98,80% del perímetro de las respectivas costas, lo que supone una media del 97% para todo el litoral canario, lo que supone cinco puntos más que la media nacional.
El deslinde del dominio público marítimo-terrestre, según ha informado en un comunicado la organización del encuentro, es un procedimiento administrativo que define el espacio público en el litoral respecto a la propiedad privada, instrumento que está recogido en la Ley de Costas de 1988. El objetivo de la determinación de este deslinde radica en garantizar su uso público, regular la utilización racional de los bienes y conseguir un buen nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. Cabe reseñar que este procedimiento tiene importantes repercusiones legales, económicas, políticas, sociales y medioambientales. La directora general Alicia Paz puntualizó que el trámite de aprobación del deslinde es un acto recurrible judicialmente.
Alicia Paz fue, junto a José Suay Rincón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los ponentes que intervinieron en la sexta sesión de este II Congreso Canario de Derecho Urbanístico, denominada Las tensiones en la ocupación y recuperación del litoral canario. El debate fue moderado por Miguel Ángel Pulido, viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. En su alocución, Alicia Paz comenzó defendiendo la necesidad de preservar la costa, amenazada por el cambio climático (como la subida del nivel del mar) y por el hecho de estar sometido este espacio a una gran presión económica, social y cultural, pese a su alta vulnerabilidad.
“Hay 70 millones de europeos que residen en municipios costeros”, aseguró Paz para justificar la necesidad de llevar a cabo una gestión integrada de las zonas costeras en Europa, tal y como recomendó en 2002 el Parlamento Europeo, de manera que se ofrezcan estrategias para equilibrar el litoral.
Alicia Paz defendió los criterios de la legislación española en la materia y, en particular, de la Ley de Costas de 1988, que persigue proteger, entre otros fines, la titularidad pública del litoral. La directora general del MARM recordó que las comunidades autónomas pueden incorporar normas adicionales de protección del litoral e hizo mención a la denominada Ley de Costas de Canarias de 2009, que fue recurrida por el Ministerio ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración de competencias del Estado y que está pendiente de sentencia. El Constitucional mantiene la suspensión del artículo más importante de aquella ley canaria, con la que el Ejecutivo autónomo pretende proteger núcleos costeros de “valor etnográfico” afectados por la Ley de Costas estatal.
En la misma sesión, José Suay Rincón trasladó a los asistentes una reflexión sobre conceptos como el de litoral y su ordenación, sobre la que no hay nada escrito en el ámbito jurídico. Defendió la ordenación del litoral como un concepto competencial, principalmente. Ambos ponentes pusieron sobre la mesa, igual que algunos de los congresistas, la necesidad de reforzar la coordinación de las administraciones públicas en materia de ordenación territorial. A este respecto, Miguel Ángel Pulido comentó: “Queremos buscar y avanzar en el consenso entre administraciones. Un ejemplo de éxito en esta colaboración es el caso de El Sauzal (en Tenerife). Éste es el camino que debemos buscar y la disposición que deben adoptar las administraciones”.
El II Congreso de Derecho Urbanístico, que se celebra desde ayer, 12 de mayo, y hasta mañana, viernes 14, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, reúne a 200 congresistas en torno a las materias más conflictivas en el ámbito del derecho urbanístico isleño. Esta cita ha sido organizada por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur) y celebra su segunda edición, después del éxito de la primera, desarrollada el pasado año en Gran Canaria.
