Las llaves de las viviendas sociales, en manos de una imputada
Las futuras adjudicaciones de viviendas de protección oficial (VPO) del Gobierno de Canarias están en manos, desde diciembre pasado, de una imputada por presunta apropiación indebida en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Lola López, ex jefa del servicio de Vivienda durante la alcaldía de Pepa Luzardo (PP), es la directora de proyecto de la UTE responsable del nuevo Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que pasará a controlar todo el proceso de adjudicaciones de VPO que hasta ahora compartían trabajadores de los ayuntamientos y la Comunidad.
López figura imputada por el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria por presunta apropiación indebida, junto a la ex directora del Área de Vivienda de LPGC durante el anterior mandato, Yolanda Ventura, por la desaparición de 499.214 euros en talones de la comisión liquidadora del Patronato Francisco Franco.
Tras asumir la actual responsable de Vivienda de la capital grancanaria, Chani Ruiz (PSC-PSOE), la presidencia de la comisión liquidadora del Patronato, el nuevo grupo de gobierno municipal detectó gastos no justificados por casi medio millón de euros cargados a una cuenta corriente de la Banca March.
Después de abrirse una auditoría municipal ante la que se negó a dar explicaciones la ex alcaldesa Pepa Luzardo, el caso derivó a los Juzgados y a la imputación formal por apropiación indebida de Lola López y Yolanda Ventura.
En concreto, la fiscal Eva Ríos pidió que ambas fueran citadas a declarar tras comprobarse que de 35 cheques bancarios, 28 de ellos fueron librados por Yolanda Ventura y 22, cobrados directamente, al portador, por Lola López, según refleja la auditoría encargada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Lola López, consultada por este diario sobre su situación procesal, afirmó “no saber nada” del caso. Otras fuentes han indicado a CANARIAS AHORA que Yolanda Ventura declaró en sede judicial que Pepa Luzardo estaba al tanto de todas las irregularidades cometidas, pero la ex alcaldesa prefirió no abordar el asunto en diciembre de 2006, al ser informada por Ventura, “por estar en periodo preelectoral”.
Sin respuesta oficial desde el Gobierno de Canarias
Lola López confirmó a esta redacción su nueva función al frente de la UTE formada por Novasoft Soluciones Canarias S.A. y Novasoft Ingeniería S.L.
Sin embargo, remitió a una respuesta oficial por parte del Instituto Canario de la Vivienda o de la Consejería de Bienestar Social sobre el cometido exacto de la UTE, formalmente contratada como apoyo en la implantación, puesta en marcha, desarrollo y gestión del Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Canarias, como desarrollo de una Orden de la Consejería de 24 de septiembre de 2009.
Desde el Gobierno no se ha dado respuesta a CANARIAS AHORA sobre las funciones exactas de la UTE, aunque los trabajadores de la Comunidad saben que a partir de los próximos procesos de adjudicaciones la labor que venían realizando en colaboración con personal municipal quedará en manos exclusivas de la UTE dirigida por Lola López.
