Llevan al Tribunal de Cuentas la liquidación del servicio de basuras de Mogán
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Los portavoces de Ciuca y Nueva Canarias en Mogán, Mencey Navarro e Isabel Santiago, han afirmado que llevarán al Tribunal de Cuentas el expediente sobre la liquidación del “secuestro” del servicio de público de recogida domiciliaria de basura del municipio, “ya que el contrato con la empresa responsable del servicio (Caseur) finalizaba en 2012 sin derecho a más prórrogas”, apuntó Navarro durante su intervención en el Pleno celebrado este viernes.
El grupo de gobierno del Partido Popular (PP) aprobó, durante la sesión plenaria, la liquidación del secuestro del servicio de basura del municipio. A pesar de que Ciuca y Nueva Canarias advirtieron de “las irregularidades del expediente aprobado”. Santiago recuerda que dicho servicio tuvo que ser secuestrado por el Ayuntamiento de Mogán a finales del 2011, “debido a los incumplimientos” cometidos por la empresa concesionaria Canaria Servicios Urbanos SA (Caseur). Este secuestro supuso que el mismo Ayuntamiento gestionase directamente el servicio.
Levantado el secuestro del servicio en julio de 2013, el grupo de gobierno del PP “permitió a la empresa que durante, al menos, cuatro años más siguiese prestando el servicio, pese a las advertencias realizadas por Ciuca y de Nueva Canarias sobre el vencimiento del contrato y la imposibilidad de realizar nuevas prórrogas,” subrayan los portavoces. Para Navarro y Santiago, el alcalde, Paco González, y su grupo de Gobierno “son responsables de la hoja de ruta que han seguido en este procedimiento irregular: se inventaron la figura de la prórroga tácita”.
En su día y ante las “clamorosas irregularidades”, los portavoces de ambas formaciones políticas solicitaron que por parte de la intervención de fondos, la asesoría jurídica municipal y el departamento de contratación, se emitiera informe en el que se aclarase si la prórroga acordada por el grupo de gobierno del PP se ajustaba a derecho, “ya que desde 1999 las prórrogas tácitas de los contratos administrativos están prohibidas por ley, por ser contraria a la transparencia que debe regir en todo proceso público de contratación”, señalan Ciuca y Nueva Canarias.
Tres meses después, en octubre de 2013, el departamento de contratación informó a los portavoces de Ciuca y Nueva Canarias que habían remitido a la Junta Consultiva de Contratación el expediente para que se pronunciase sobre la legalidad de la prórroga del contrato de recogida de basuras. El contenido del dictamen emitido por la Junta Consultiva de Contratación “fue concluyente: no cabe la posibilidad de prorrogar tácitamente ningún contrato”, subrayó Navarro.
Los grupos de la oposición recordaron que el interventor municipal realizó, además, “un informe demoledor sobre el modo en el que se realizó la gestión administrativa del contrato, llegando a afirmar que se omitieron los procedimiento legales para modificar el contrato”. Motivó este por el que el expediente será remitido al Tribunal de cuentas, sentenciaron ambos portavoces.
Pagar facturas de otros
Ciuca y Nueva Canarias pidieron explicaciones al grupo de gobierno del PP sobre “cómo es posible que el interventor haya contabilizado facturas que venían a nombre de Caseur con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento, en lugar de contabilizar las facturas que tenía que haber emitido la empresa al Ayuntamiento, mes a mes”. En este sentido, Navarro insistió y preguntó a los populares que “cómo pueden contabilizar facturas que no vienen a nombre del Ayuntamiento de Mogán”.
Por otra parte, los portavoces de la oposición llamaron la atención sobre el hecho de que el contrato de adjudicación del servicio, redactado en 1992, no se haya actualizado desde el momento en que la recogida de basuras ampliase su radio de acción incluyendo a Puerto Rico, urbanización recepcionada por el Ayuntamiento en 2005. “Han pasado 9 años y ustedes no han sido capaces de normalizar o modificar el contrato, 9 años sin normalizar la relación contractual, y ahora pretenden liquidar el secuestro vía reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 271 mil euros, a lo que debemos sumar más de 1,2 millones de euros que ya hemos pagado por diferentes conceptos desde que el servicio ha sido secuestrado”, concluyó Santiago.
