La juez del 'caso mamotreto' solicita abrir el juicio oral
La juez titular de Instrucción 2 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto en el que solicita la apertura de juicio oral contra los máximos responsables políticos y técnicos de la Gerencia de Urbanismo de la capital tinerfeña, que autorizaron ilegalmente una de las obras estrella del anterior mandato de Miguel Zerolo (CC), la denominada Ordenación del Frente Marítimo Playa de Las Teresitas, cuyo encargo recayó en el estudio de arquitectura de Dominique Perrault.
Conocido popularmente como el mamotreto de Las Teresitas, la juez pide al fiscal que formule escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral -o bien el sobreseimiento de la causa- contra Manuel Parejo, Luz Reverón, Epifanio Gómez, Loreto Ariz, Candelaria Benítez, Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor, por presuntos delitos relativos a la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, al otorgar licencias de obras para el proyecto a sabiendas de que era en un ámbito afectado por el dominio marítimo terrestre.
Las imputaciones a Manuel Parejo y Luz Reverón se fundamentan en su calidad de presidentes del Consejo Rector de la Gerencia, en 2004 al aprobar Parejo el proyecto que invadía dominio marítimo terrestre y en 2007 al aprobar Reverón el Modificado número 1, sin autorizaciones preceptivas al extenderse las obras en el dominio público y estar afectadas a la servidumbre de protección.
Loreto Ariz y Epifanio Gómez están implicados como arquitectos que informaron favorablemente del proyecto en 2004, así como la técnico Candelaria Benítez, que elevó la propuesta al Consejo Rector, mientras Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor han sido imputados en su calidad de concejales, desde enero de 2005 hasta la actualidad y desde julio de 2003 a enero de 2005, de Infraestructuras y Obras, departamento del que dependían los dos arquitectos y el técnico adscritos al Servicio de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras de la Gerencia.
Los delitos pudieron cometerse, según recoge el punto sexto de los antecedentes de hechos del auto, al no constar en las diligencias practicadas que el proyecto de Perrault y un modificado del mismo contasen con los títulos de concesión administrativa y autorizaciones preceptivas de la Dirección General de Costas, en las obras que afectaban al dominio público marítimo terrestre, y por la Comunidad Autónoma respecto de las obras que invaden la servidumbre de protección.
Explica la magistrada en el auto de 16 de diciembre que la concesión administrativa “no podía otorgarse por la Dirección General de Costas, al no haberse firmado el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que estaba condicionado a la fijación de la delimitación del dominio público marítimo terrestre y a la aprobación del nuevo deslinde de fecha 12 de febrero de 2009, y del que resulta que las obras siguen siendo inviables y no autorizables”.
La ilegalidad del mamotreto queda reflejada en sendos informes técnicos, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y del Servicio del Litoral Occidental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que confirman que parte de la estructura de la obra ya realizada, concretamente la fachada en el frente que da la caseta de la Cofradía de Pescadores, afectan a la servidumbre de protección en unos 7 metros de fondo por 60 metros de frente, lo que hace una superficie de 420 metros cuadrados.
De ello se desprende que “los acopios invaden tanto la servidumbre de protección , como la zona de dominio público marítimo terrestre”. Y además, de esos informes queda constatado que de la parte del mamotreto pendiente de construir, resultaría una ocupación del dominio público de 1.223 metros cuadrados, según el deslinde aprobado por Orden Ministerial de 12 de febrero de 2009.
