La ministra de Vivienda apoya declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada mientras el Gobierno canario sigue negándose

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha expresado este viernes su apoyo a la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que la ciudad sea declarada zona tensionada, lo que permitiría tomar medidas como limitar el precio de los alquileres, entre otras.

Según ha informado el Ministerio, así se lo ha trasladado Rodríguez a la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias (PSOE), con quien se ha entrevistado este viernes en Madrid.

La ministra y Darias han abordado además las distintas inversiones en materia de vivienda que el Gobierno de España está realizando en el municipio y las oportunidades para Las Palmas de Gran Canaria que abre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Novena ciudad más poblada de España, con 380.000 habitantes, Las Palmas de Gran Canaria fue el primer ayuntamiento de las islas en solicitar formalmente su declaración como zona de mercado residencial tensionado prevista en la Ley de Vivienda.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias no ha aprobado hasta el momento esa declaración, a pesar de las reiteradas peticiones de Darias. De hecho, el Gobierno canario anunció en su momento que recurriría en los tribunales la Ley de Vivienda, cosa que finalmente no hizo porque se le venció el plazo para hacerlo al pensar que agosto era un mes inhábil.

El Ejecutivo regional, gobernado por CC y PP, ha manifestado en diversas ocasiones que para superar la crisis de vivienda declarada en las islas, la solución pasa por construir más. Para ello, ha previsto una nueva ley para permitir, entre otras cosas, reconvertir locales comerciales en viviendas o cambiar el uso del suelo.

Y eso pese a que en Canarias hay unas 210.000 vivienda vacías. Sin embargo, ninguna de las nuevas medidas contempladas por el Gobierno canario está orientada a recuperar esas viviendas para introducirlas en el mercado; tampoco a limitar los precios o a evitar que las nuevas construcciones acaben en manos de grandes tenedores o especuladores.

Por otro lado, el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas concluyó en julio pasado en un informe, elaborado a instancias de la empresa pública Visocan, que Las Palmas de Gran Canaria no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para ser considerada zona de mercado residencial tensionado atendiendo a los datos oficiales publicados.