Nueva Canarias propone un protocolo para el anonimato de la denuncias tributarias

La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en materia económica, Esther González, ha propuesto este martes un protocolo para garantizar el anonimato de las denuncias tributarias en las islas, pues se calcula que el fraude en Canarias se acerca a los 12.000 millones de euros.

Las compañías de más de 50 trabajadores o con una facturación anual de más de 10 millones de euros deberán tener un canal de denuncias internas y un protocolo que asegure la confidencialidad y la tramitación diligente de la alerta, según ha informado NC en un comunicado.

Según González, este protocolo sigue la directiva aprobada por la Unión Europea, la cual protege a los denunciantes de corrupción en el ámbito laboral, tanto en el sector público como en el privado.

Además, la portavoz ha propuesto el desarrollo de una importante política de información y concienciación sobre las obligaciones fiscales de las personas y de las empresas.

González ha recordado que NC ha defendido la necesidad de que el Gobierno canario incrementara la inspección tributaria, además de la laboral, en el ámbito de sus competencias.

Para la diputada nacionalista, los recursos humanos y económicos dedicados a perseguir el fraude son una inversión “positiva por motivos de justicia social”.

La portavoz ha indicado que se debe mejorar el cuerpo de inspectores, el resto del personal técnico y los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).

González ha añadido que si se evita el fraude se dispondrían de más ingresos para los servicios públicos y las inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de los canarios.

Las previsiones de los técnicos, según NC, indican que las arcas canarias dejan de ingresar, por motivos tributarios, un 26% del PIB anual.

En 2018, con un Producto Interior Bruto de 46.029 millones de euros, el fraude estimado se acerca a los 12.000 millones de euros.