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Nueva Canarias y Podemos votarán 'no' a toda la junta de control de RTVC si no pueden excluir a Pomares

Francisco Pomares con un ejemplar de Diario de Avisos, periódico que ha publicado que supuestamente falsificó unos documentos para conseguir ser profesor de periodismo en la ULL

Canarias Ahora

9 de mayo de 2021 22:45 h

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La presencia del periodista Francisco Pomares en la candidatura a la junta de control de la Radio Televisión Canaria (RTVC) marcará esta semana el pleno del Parlamento regional por la decisión de dos de sus grupos parlamentarios de impedir su presencia en ese órgano. A Pomares ya lo investiga la Universidad de La Laguna por presuntamente haber falsificado unos certificados que presentó para acceder a una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo y ese extremo ha servido a Sí Podemos para interponer ante la Mesa de la Cámara un recurso contra su decisión de que ese nombre se vote junto al de los otros seis vocales que pasaron las pruebas de idoneidad en la Comisión de Control de RTVC. 

Sí Podemos y Nueva Canarias ya han anticipado que si no se reconsidera esa decisión y sus diputados y diputadas son obligados a votar en bloque todos los nombres, no participarán en la votación o votarán negativamente. Nueva Canarias prefiere esperar a lo que ocurra este lunes en las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces para tomar una decisión oficial, pero Luis Campos, su portavoz, ya adelantó este domingo que “si nos dan la oportunidad, votaremos en contra de Pomares”.

Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento, a cuyo frente se encuentra el histórico Salvador Iglesias, quien ocupara altos cargos en gobiernos de Coalición Canaria, ha obligado a la Mesa a adoptar esa postura. En ese informe se interpreta el término “votación conjunta”, recogido en  la ley de Radio Televisión Canaria, como la votación a una lista cerrada o bloqueada, lo que para el portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, “es la interpretación más restrictiva para los derechos de la minoría al pleno ejercicio de sus funciones parlamentarias”.

El sistema de votación que imponen los servicios jurídicos, opina Marrero, “puede ser contrario al ordenamiento jurídico por serlo al pluralismo político y constitutivo de una lesión del derecho fundamental de participación política de las diputadas y diputados”.

A juicio de este portavoz, el 26 de abril se produjo “un hecho sobrevenido”, la noticia de que Pomares pudo haber falsificado documentos aportados a una institución pública, lo que debería ser motivo suficiente para que la Mesa de la Cámara optara en sus decisiones por “la interpretación más conforme a la Constitución” y permitiera aplicar en el Pleno el mismo sistema de votación empleado en la Comisión de Control de RTVC, donde sí se votaron a los aspirantes a la junta de control uno a uno.

Pomares aparece en una lista con los otros seis vocales de la junta de control (él y Cristina Vera, a propuesta de Coalición Canaria); Luz Belinda Giraldo y Alfonso Campoamor, a propuesta del PSOE; Jorge Rodríguez, por el PP; Rosa Morera, por Nueva Canarias, y Carmen Medina, propuesta por la Agrupación Socialista Gomera. 

Lo que proponen Nueva Canarias y Sí Podemos es que se vote separadamente cada una de las personas propuestas, de modo que los ocho diputados y diputadas de estas formaciones puedan rechazar a Pomares, aunque, de no ser secundados por fuerzas mayoritarias, el periodista saldría elegido igualmente. Pero pretenden un posicionamiento simbólico a la espera de lo que resulte de la investigación administrativa de La Laguna y la consiguiente denuncia penal por parte de la empresa que ha denunciado las presuntas falsificaciones. Pomares ya ha sido llamado a declarar ante la instructora designada por el Rectorado de la institución.

Pomares “aspira a desempeñar un cargo, no en un órgano de naturaleza administrativa o ejecutiva, sino a formar parte del órgano que tiene la función de garantizar en los medios informativos de titularidad pública autonómica el pleno respeto a la libertad, el pluralismo y la objetividad informativas, determinantes para la existencia y formación de una opinión pública libre”, sostiene Manuel Marrero en su escrito ante la Mesa del Parlamento.

Si se mantuviera la votación conjunta que imponen los servicios jurídicos y asume la Mesa del Parlamento y todos los grupos parlamentarios -excepto Nueva Canarias y Sí Podemos- mantienen sus posiciones, la junta de control saldrá elegida por 62 votos. En la siguiente votación, la del director general, Francisco Moreno, al no contar con los votos de Coalición Canaria, será designado por 45 votos, salvo que los dos grupos protestantes no participen en ninguna de las votaciones y ese respaldo se reduzca a 37, uno más que la mayoría absoluta necesaria.

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