El proyecto de decreto regulador de la Oficina Judicial en Canarias se eleva al Consejo Consultivo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias ha decidido elevar al Consejo Consultivo el proyecto de decreto regulador de la estructura orgánica y planificación de la Oficina Judicial en la Comunidad Autónoma.
De esta forma, se da un “paso decisivo” hacia un nuevo modelo de organización del sistema judicial, según informó el Gobierno canario en un comunicado, tras tomar la decisión en el Consejo de Gobierno de este jueves.
Así, el proyecto recoge los principios generales que han de regir en la confección de la estructura orgánica de la Oficina Judicial correspondiendo al titular del Gobierno competente en materia de Justicia, la aprobación de las correspondientes órdenes de creación, puesta en funcionamiento y definición de la organización concreta a la que se sujetará cada una de las oficinas judiciales, como será el caso del modelo que se implante en Arrecife (Lanzarote) y Arona (Tenerife), una vez validados por la Comisión de Participación.
La Comisión de Participación fue creada por el Gobierno de Canarias para el asesoramiento en el impulso, la programación, la coordinación y el seguimiento de los trabajos necesarios para el diseño, creación, organización e implantación de la nueva Oficina Judicial.
Respecto al Proyecto de Decreto que se ha elevado al Consejo Consultivo establece que el diseño de la Oficina Judicial en Canarias responderá a los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación, y funcionaría con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, calidad y responsabilidad en la gestión para que los ciudadanos obtengan un servicio “próximo y de calidad”, con respeto a los principios recogidos en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia.
En cuanto al elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina Judicial será la unidad, que en atención a sus funciones se distinguirán en dos tipos, tales como Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y los Servicios Comunes Procesales (SCP).
Las UPAD son las unidades que directamente asisten a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, de tal forma que existirán tantas UPAD como juzgados, o en su caso, salas o secciones de tribunales que estén creados y en funcionamiento, integrando junto con sus titulares el respectivo órgano judicial.
En cuanto al Servicio Común Procesal es toda unidad que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Por lo que su función se centrará en prestar apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan.
La implantación del nuevo diseño organizativo de la Oficina Judicial, junto con la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, habrá de ser, de forma gradual, en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
