Ordenan derribar una construcción en la costa de los Sauces
La Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado vía libre al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces para que proceda al derribo de una construcción situada en el litoral del municipio del norte de La Palma. Hasta estos momentos el TSJC había aceptado en el pasado mes de octubre una petición de suspensión cautelar de la demolición solicitada por el dueño de esta propiedad alegando que el inmueble tenía 25 años de antigüedad. De ser cierto este dato se hubiese construido justo el mismo año que entró en vigor la Ley de Costas y por lo tanto podía haberse acogido a las excepciones de esta legislación. Sin embargo, la Sala estima ahora los argumentos de la Corporación local y subraya que esta “caseta” se ubica en un espacio libre público y zona de servicio de protección del dominio marítimo terrestre.
Por lo tanto, el juez Pedro Cordobés deja sin efecto la anulación temporal del derribo y recuerda que “cuando se trata de obras que no constituyen domicilio y son ilegalizables a tenor del planeamiento urbanístico, no procede la suspensión cautelar”. Además, el TSJC considera que el propietario no ha podido demostrar que efectivamente el inmueble tenga una antigüedad de 25 años, lo que hubiese dado lugar a que hubiesen caducado las infracciones. “Este argumento no puede ser estimado cuando el informe municipal desvela que la construcción se efectuó sobre espacio libre público. Por ello aunque estuviera prescrita la infracción, no podrá aprovecharse de ninguna prescripción al objeto de mantener la edificación”. El TSJC recuerda que “en ningún caso” es posible dejar de adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad, “las cuales deberán ordenarse aún cuando no proceda exigir la responsabilidad por infracción a este texto refundido”.
Precisamente, el tramo de costa situado en Puerto Espíndola, en este municipio ha sido otro de los más complicados de Canarias a la hora de aplicar la Ley de Costas. En este punto se decretó en el año 2010 la declaración de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de acondicionamiento del litoral y en el que se han visto expropiados algo más de 2.000 metros cuadrados. En concreto se han ocupado cuatro parcelas en la zona: una de 300 metros cuadrados, otras de 519, una tercera de 559 y una cuarta de 622 metros cuadrados.
