El Parlamento estudia personarse ante el recurso del Gobierno central a la ley canaria de transportes
El Parlamento canario estudia personarse ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central a la ley autonómica de transportes por carretera, aunque continúan las negociaciones para solucionar este conflicto en la comisión bilateral Canarias-Estado.
Así lo manifestó este lunes el presidente del Parlamento regional, Antonio Castro, en rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, que acordó encargar un estudio a los servicios jurídicos de la institución sobre este asunto.
El acuerdo de la Junta de Portavoces se produjo por mayoría, ya que la posibilidad de personarse en este caso ha contado con el respaldo de los grupos que apoyan al Gobierno regional, Coalición Canaria y Partido Popular, mientras que el Socialista se ha opuesto.
Antonio Castro explicó que la discrepancia con el Gobierno central se deriva de los plazos previstos en la ley autonómica para instalar el tacógrafo en los vehículos de transporte terrestre de viajeros y mercancías, que será obligatorio en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
Sin embargo se ha pedido ampliar el plazo preceptivo para instalar este instrumento en los vehículos que se desplazan entre el archipiélago, pues Castro recordó que muchos camiones se trasladan a islas en las que en principio no es obligatorio el tacógrafo, como La Gomera.
El presidente del Parlamento regional precisó que el Gobierno central entiende que hipotéticamente esta ampliación de plazos contraviene la normativa estatal en este ámbito.
No obstante, puntualizó que el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que también asiste a la Junta de Portavoces del Parlamento regional, ha informado de que continúan los contactos para encontrar una solución a este conflicto en la comisión bilateral Canarias-Estado.
Ambos gobiernos siguen intentado que haya un acuerdo en este ámbito, por lo que el Ejecutivo estatal podría retirar el recurso de inconstitucionalidad, que previsiblemente se ha interpuesto por una cuestión “de plazos”, añadió Antonio Castro.
