Pérez: “Estamos ante un momento histórico en Canarias”

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, declaró en el Parlamento autonómico tras la aprobación de la Ley de Educación no Universitaria de Canarias, que estamos ante un momento histórico ya que Canarias contará por primera vez en su historia con un modelo educativo propio que permitirá adaptar las singularidades del Archipiélago al sistema educativo estatal además del desarrollo de iniciativas propias en el ámbito de la educación.

En un comunicado de la consejería de Educación, Pérez asegura que esta Ley marca uno de esos momentos en los que los pueblos forjan su futuro. Afirma que con este texto la “sociedad canaria apuesta por el progreso y por un horizonte esperanzador, que se alcanzarán gracias al amplio conjunto de planes de mejora del sistema educativo que permite poner en marcha esta normativa”.

El objetivo de esta nueva Ley, según la nota, es facilitar que el sistema educativo pueda contribuir activamente a desarrollar un modelo social y económico inteligente y sostenible, orientado hacia una mayor cohesión social en las Islas.

El texto nace con la finalidad de preservar la equidad del sistema educativo e incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, nacionales y autonómicas, así como actualizar la normativa de carácter propio actualmente vigente en el sistema educativo y asegurar un sistema educativo estable apoyado sobre un amplio consenso social y financieramente sostenible.

El vicepresidente y consejero destacó que el texto, nacido a partir de una Iniciativa Legislativa Popular presentada en el año 2010, “lo que supone toda una novedad en lo que leyes autonómicas educativas se refiere en todo el Estado”. Desde la consejería se congratulan de que la nueva ley haya contado con un amplio consenso social y político, como demuestran el Dictamen de la Comisión de Estudios del Parlamento de Canarias y el documento de Acuerdo del Consejo Escolar de Canarias para un Pacto por la Educación, así como la propia Iniciativa de 2010: “Todos ellos ponen de manifiesto la firme voluntad de la sociedad canaria de alcanzar un ordenamiento del sistema educativo actual”, añadió el consejero.

José Miguel Pérez señaló la importancia de la educación como medio para transmitir y renovar el acervo cultural y los conocimientos, los valores de convivencia democrática, la promoción de la solidaridad, la cohesión social y así evitar la discriminación. También defendió que como derecho universal, sólo puede garantizarse si se entiende como servicio público esencial, ya que “su posible mercantilización podría desvirtuarla”.

El consejero se refirió del mismo modo al refuerzo de la educación a través de un nuevo reparto de responsabilidades entre agentes educativos como motor para el progreso de Canarias. Para esto, señaló, la necesidad de la construcción de una sociedad de educadores donde el propio sistema educativo sea el depositario de expectativas de igualdad, equidad, crecimiento personal y también desarrollo social donde sean los poderes públicos los encargados de atenderlo y garantizarlo.

Pérez reconoció la existencia de diferencias a partir de las cuales habría que definir consensos para facilitar la cooperación y construcción de una sociedad educadora que requiere de normativas que sirvan para establecer las responsabilidades, oportunidades y riesgos para así poder atender las características propias del sistema educativo del Archipiélago.

Singularidades canarias

El vicepresidente del Gobierno hizo referencia a la realidad canaria donde la fragmentación del territorio y donde las condiciones sociales y económicas del conjunto del Archipiélago obligan a una respuesta educativa concreta en cada Isla. Del mismo modo señaló la historia y la cultura de las Islas, que han estado siempre próximas a tres continentes “lo que obliga a considerar la integración social, cultural y educativa”.

En su defensa a la nueva Ley, Pérez aseguró que este nuevo ordenamiento del sistema educativo “convierte cada una de estas singularidades en una fortaleza” y ayuda a alcanzar la convergencia, en condiciones, procesos y resultados, con los mejores sistemas educativos de Europa.

Características de la Ley

El texto establece la necesidad de que el Gobierno autonómico y las Corporaciones locales coordinen sus actuaciones, pudiendo establecer convenios que permitan la delegación de competencias de gestión de determinados servicios educativos en los municipios o agrupaciones de los mismos que se configuren con el fin de lograr la mejor coordinación y control social en el uso de los recursos.

La Ley incorpora una concepción del espacio educativo que ya no se identifica sólo con el espacio físico de los centros educativos, sino que incorpora los nuevos entornos digitales para el aprendizaje. Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, Canarias dispondrá de su propio entorno educativo que integrará a todos los centros en un espacio virtual único.

Además, incorpora un nuevo ordenamiento de los espacios físicos tradicionales, definiendo el concepto de mapa escolar e incorporando tres nuevos espacios: las Áreas Territoriales (islas), los Distritos escolares y las Zonas educativas, unidades. Esto permitirá adaptar las distintas ofertas educativas a las características de cada isla. En este nuevo marco territorial se reserva, así mismo, un tratamiento singular para las escuelas rurales.

La nueva Ley fija un conjunto de principios y objetivos que servirán para constituir las guías de la política educativa de Canarias en las próximas décadas y coloca a la corresponsabilidad, la cooperación y la participación como ejes esenciales para atender las necesidades educativas del alumnado. Estos tres pilares definen lo que en la Ley se reconoce como una sociedad educadora.

Educación inclusiva y profesorado

La escuela canaria definida por la Ley es inclusiva, respetuosa con las diferencias y comprometida con una equitativa distribución de las oportunidades de aprendizaje, orientada hacia la modernización tecnológica y el aprendizaje a lo largo de la vida y

Esta Ley, recoge el comunicado, servirá para reforzar la libertad de enseñanza del profesorado, reconociendo su autonomía, a la vez que favorece su promoción profesional sin necesidad de cambio del cuerpo docente al que se pertenece y facilita, igualmente, su promoción profesional cuando soliciten cambiar del cuerpo docente al que se pertenece.